En los próximos días el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinará si Telmex –Tenor y América Móvil tendrán la libertad de aplicar sus propias tarifas en 63 municipios del país, donde, según el órgano regulador, existe competencia efectiva de mercado pero sólo en servicios de banda ancha fija (BAF).
El pasado 14 de junio, el IFT cerró una convocatoria en la que llamó a todos los interesados en la materia a expresar sus criterios y umbrales de los parámetros para determinar la libertad tarifaria; información que se analizó durante los 30 días posteriores a la fecha.
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Con lo anterior y con evaluaciones internas en la materia, esta semana se prevé que el IFT resuelva la viabilidad de otorgarle a los agentes económicos preponderantes (AEP) la libertad de tarifas y su aplicación en las distintas localidades.
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Aumento de tarifas
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) y la consultora especializada The Competitive Intelligence Unit (The CIU), coinciden que de entrada, el AEP podría obtener un incremento varias veces mayor en la participación de mercado; el cual ya supera 70 por ciento de penetración.
“La pretendida libertad tarifaria también tendrá efectos negativos en otros segmentos de telecomunicaciones que no involucran directamente al servicio mayorista que el IFT pretende desregular”, señaló el IDET.
En tanto, Ernesto Piedras, director general de The CIU, indicó que si bien no se puede conocer cuanto pueda crecer los AEP, debido a la diversificación de mercados; los operadores restantes tendrán menos oportunidades de desarrollar infraestructura y capacidad de ofrecer alternativas de servicios; además de generar un efecto nocivo al resto del mercado.
“Si aplicas esto a los grande municipios, es razonable que se van a transferir como efecto nocivo a las demás (localidades). Si pierdes competencia, no tienes capacidad de bajar precios” comentó en entrevista para MILENIO.
Mala calidad en servicios
Otro elemento que podrá generar la libertad tarifaria es la calidad en los servicios en telecomunicaciones en México; pues al compartir infraestructura, se genera una menor prestación de servicios.
“Al final del día, además de incrementar los precios, también iría en decremento la infraestructura que utilizamos todos los mexicanos”, comentó por su parte Gonzalo Rojon, vicepresidente de investigación de The CIU.
Violación constitucional
De acuerdo con el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), la autorización a Telmex – Telcel también representa una violación a los derechos constitucionales obtenidos en la Reforma Telecomunicaciones de la administración pasada, coincidieron los analistas.
Entre los principales puntos de esta reforma destacan asegurar la cobertura universal en radio, televisión, telefonía y datos; competitividad en los precios, que permitiera acceso a todos los niveles socioeconómicos y; calidad y mayor cantidad en los servicios que prestan los diversos agentes económicos.
AMP