Prohibir la subcontratación agudizará el deterioro del mercado laboral, aumentará la informalidad y repercutirá en el desarrollo económico del estado, coincidieron representantes del sector empresarial.
Ante la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar diversas disposiciones de Ley Federal del Trabajo con el propósito de prohibir la subcontratación, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco consideró necesario que se establezcan mecanismos para proteger el empleo y no eliminar la figura.
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Aseguró que el sector productivo está a favor de que se cumplan las leyes laborales y se castigue a quienes abusan de esta práctica, sin embargo, consideró que hay empresas que generan empleos formales, cumplen con sus obligaciones fiscales y aportan a la actividad económica del país.
“Hay outsourcing que cumple con todos los protocolos, empresas que cumplen su función como debe en cuanto a la administración de las nóminas. A nivel nacional hay empresas que se han dedicado a defraudar y por unos pagamos todos, pero hay empresas formalmente establecidas”.
El dirigente del CCE en el estado aseguró que algunas empresas adheridas al organismo al que representa recurren a la subcontratación legal, incluso, con beneficios adicionales para los trabajadores.
“En el sector empresarial organizado que represento hay algunas empresas que usan esta figura, pero siempre cumpliendo con todo lo establecido para no incurrir en algún delito. Hay trabajadores con muchos beneficios, las empresas manejan en sus nóminas para los trabajadores beneficios adicionales, además del seguro social, tienen seguro de vida, gastos médicos mayores, créditos adicionales y en muchos casos el que gana es el trabajador”.
Dijo que ante un momento delicado en la economía a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus, se necesita que la contratación y la apertura de empresas sea más flexible y no eliminar una figura que agudizará la creación de empleo.
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En lo anterior coincidió el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Marco Antonio Prósperi Calderón al señalar que esta modalidad utilizada en el sector privado, también se practica en instancias públicas, donde debe vigilarse la contratación.
Explicó que los organismos empresariales a con sus representaciones nacionales buscan a través del diálogo replantear la propuesta para no afectar el empleo.
“El gobierno también emplea mucho outsourcing, es una forma de generar fuentes de empleo. Si lo quitamos de tajo el tema de la pérdida será peor de lo que está”.
De acuerdo con datos de los Censos Económicos 2019 del Inegi, en Puebla se tiene registro de 127 mil 737 personas empleadas con esta modalidad, la mayoría en industrias manufactureras, comercio y servicios.
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Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) calificó como “radical” la propuesta del gobierno federal al querer eliminar esta figura, ya que repercutirá en toda la cadena económica productiva del país.
“Hay outsourcing que se hace de forma legal y quitarlo eliminaría muchas cosas que se están haciendo. El hecho de que se etiquete que todo es ilegal y que todos evaden impuestos o que agreden las prestaciones de los trabajadores, creo que hay que analizarla”, señaló.
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