La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reconoció al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al gobierno federal, por haber ampliado el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas hasta el próximo 30 de junio.
En un comunicado, el organismo que dirige Gustavo de Hoyos, recordó que dicha medida fue solicitada por la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desde hace semanas, al pedir que el SAT y el gobierno federal, fueran solidarios con los contribuyentes de menores recursos y capacidad económica.
"Sería deseable que después del acierto realizado con la ampliación del plazo para las personas físicas, el gobierno amplíe el plazo para los pagos provisionales que llevan a cabo las personas morales mes con mes, podría ser de gran ayuda para las empresas", aseveró.
Dijo que es necesario ajustar el método para determinar dicho pago provisional, cuyo importe tiene que ver con las ventas que realizan las negociaciones, pero también con el coeficiente de utilidad que se determina en base al margen de ganancias del año anterior.
"Casi todas las empresas ganarán menos si es que ganarán algo, de lo que obtuvieron en 2019. Por eso, una combinación que implique un cambio transitorio temporal en la fórmula, en el llamado coeficiente de utilidad y la ampliación del plazo para el entero de los pagos provisionales, puede ser de gran ayuda para las empresas", destacó.
Expuso que ante una época extraordinaria, "esta es la primera medida fiscal verdaderamente relevante implementada por el SAT, para enfrentar la crisis económica y sanitaria más grave de la historia contemporánea nacional".
Agregó que es importante escuchar a los contribuyentes que menos capacidades económicas tienen para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, particularmente las micro y pequeñas empresas, que en estos momentos tienen una deteriorada situación financiera.
"Es una obligación moral y constitucional de todos los mexicanos contribuir al gasto público, en especial en estas condiciones sanitarias y económicas que exigen mucho más de nosotros, pero también era responsabilidad del gobierno federal solidarizarse con todos los contribuyentes de México", indicó.
El organismo empresarial añadió que estarán atentos a lo ofrecido por el presidente y se agilice la devolución de saldos a favor de los contribuyentes, particularmente para los montos menores a 50 mil pesos, "ya que esto dotará de ingresos a quienes menos tienen, para enfrentar estos días de grandes limitaciones para todos".
Por su parte, el CCE celebró en su cuenta de Twitter la decisión que el SAT anunció e indicó que este apoyo se traducirá en un beneficio para las familias mexicanas ante la situación de contingencia sanitaria que prevalece en el país.
Aplazamiento del SAT debe aplicarse a empresas: Concanaco
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), solicitó que está medida debe aplicarse a las empresas del país.
“Esa medida debería dirigirse de igual forma a las empresas que requieren facilidades en materia tributaria para no seguir incrementando la crisis económica; considerando que, al no tener ingresos por productividad, no podrán cumplir con alguna de sus obligaciones tributarias”, aseveró el titular del organismo, José Manuel López Campos.
En un comunicado, López Campos indicó que las medidas anunciadas por el Banco de México ayudarán a que el mercado interno tenga mayor liquidez y menores tasas a través del sistema financiero dentro de la actual crisis que viven los sectores productivos por el covid-19.
“Con la disposición de Banxico se abre una posibilidad de amortiguar la crisis en las empresas, mediante créditos a través de la banca comercial, pero también es claro que muchas tendrán cautela de buscar un financiamiento considerando que hay incertidumbre en cuanto tiempo pasará para reactivarse la productividad en el país”, señaló.
Indicó que las medidas de apoyo por 750 mil millones de pesos anunciadas por Banxico, permitirán que los bancos tengan la capacidad de otorgar financiamientos con menores intereses, a los que podrían acceder las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), y particulares afectados.
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