En los años 80 Vicente Leñero estrenó una obra de teatro sobre la tortura física y moral que José María Morelos padeció en la cárcel de la Inquisición. El título de la pieza, Martirio de Morelos, me vino a la memoria el 12 de octubre, cuando la fiscalía general del estado capturó por error en el pueblo de Totoloapan a José Joaquín Vergara, el Güero gym, un capo del poderoso cártel Pueblos Unidos, y horas después tuvo que canjearlo por cuatro agentes de la policía judicial que los sicarios de Vergara se apresuraron a tomar como rehenes cuando su jefe cayó preso. Es muy revelador que el operativo no tuviera por objeto la captura de un pez gordo: la fiscalía lo aclaró, no tanto para explicar su impericia para prever la reacción de Pueblos Unidos (quemas de vehículos y bloqueos de carreteras), sino para disculparse con sus patrones, los criminales que gobiernan el oriente del estado.
El martirio de la sociedad morelense no comenzó ayer. Ni la alternancia de partidos en el poder ni la cercanía de Morelos con Ciudad de México han frenado un proceso degenerativo que se remonta a los años 90, cuando el Señor de los cielos residía en Cuernavaca, a 300 metros de la casa del gobernador Carrillo Olea. Los sicarios del capo se asociaron entonces con el jefe de la brigada antisecuestros Armando Martínez Salgado para secuestrar a infinidad de personas, al grado de crear una psicosis colectiva. Carrillo Olea tuvo que renunciar al cargo bajo la oleada de protestas, pero quedó impune: varias veces lo vi paseando muy quitado de la pena por avenida San Diego. Beltrán Leyva también eligió Cuernavaca como refugio seguro, y en 2010, antes de sucumbir en un operativo de la Marina, impuso un toque de queda el viernes 16 de abril, amenazando de muerte a cualquiera que osara violarlo. La autoridad no dijo ni pío y la ciudad se quedó desierta.
Con la llegada al poder de Cuauhtémoc Blanco, Morelos volvió a caer en las garras de la narcopolítica. En sentido estricto, el exfutbolista nunca fue gobernador: sólo presidía las ceremonias oficiales como convidado de piedra, mientras su hermano Ulises manejaba todos los hilos de la administración. Los frutos de su alianza con el crimen organizado están a la vista: las denuncias por extorsión aumentaron en el sexenio 800 por ciento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta hoy la nueva gobernadora Margarita González Saravia no ha podido limpiar la cloaca que le heredaron. El pueblo bueno y sabio creyó que sería una buena puntada reemplazar a los políticos profesionales por un exfutbolista con fama de patán. Buena parte de los transportistas, agricultores y comerciantes que votaron por Blanco padecerían extorsiones: en el pecado llevaron la penitencia.
En materia de caos delictivo, la situación de Morelos es muy similar a la de Sinaloa y tiene el mismo origen: con tal de ganar gubernaturas a cualquier precio, López Obrador entregó ambos estados a los señores de horca y cuchillo que subvencionaron las campañas de Blanco y Rocha Moya. Justificó esa cesión de soberanía con el eslogan “el narco es pueblo”, una fórmula supuestamente humanitaria que en los hechos blindaba y sigue blindando a los matones amigos de la 4T contra la acción de la autoridad. A la chita callando les aconsejó mimetizarse con los movimientos sociales, como lo habían hecho ya Los Ardillos de Guerrero, que decapitaron al alcalde de Chilpancingo en octubre de 2024 y desde hace décadas gobiernan varios municipios de Tierra Caliente, donde la Guardia Nacional tiene prohibida la entrada. La impunidad otorgada a cualquier banda criminal con supuesto arraigo popular augura una mayor proliferación de pequeñas repúblicas independientes en Guerrero y Morelos.
La liberación del Güero gym ocurrió cuando aún estaba fresco el impacto causado por los asesinatos de varias estudiantes universitarias, víctimas de los sicarios que se han adueñado de colonias enteras en Cuernavaca y Cuautla. El feminicidio de la joven española Claudia Tacoronte sacó ámpula por la protesta de su gobierno, pero antes murieron en circunstancias parecidas las mexicanas Michelle Itzayana Fuentes Calderón, Kimberly Joselín Ramos y Karol Toledo. Debería avergonzarnos que sus muertes hayan hecho menos ruido. Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla, cuyo alcalde Jesús Corona Damián, postulado por la coalición de PRI, PAN y PRD, fue detenido en mayo por un mérito singular: haber llevado a la ciudad al primer puesto del ranking nacional en derecho de piso. Los jefes de plazas reclutan a políticos venales de cualquier partido, y una vez convertidos en déspotas no amarran a sus mastines: les dan manga ancha para cometer crímenes arteros en una borrachera de poder que parece no tener fin.