Hace una semana escribí en este espacio que, en el caso legal de Estados Unidos contra diversos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya en Sinaloa, el gobierno de México estaba tratando de ganar tiempo al exigir pruebas, pero que se corría el riesgo “de que alguna de las personas involucradas huya o desaparezca súbitamente”. Ahora sabemos que dos personajes clave del gobierno de Rocha, el exsecretario de Seguridad Pública y el exsecretario de Finanzas, ya se entregaron la semana pasada a autoridades estadunidenses y que estarían dispuestos a convertirse en testigos protegidos en las investigaciones. Este escenario no era imprevisible.
La situación en la que estaban los diez acusados es típica del concepto conocido como “El dilema del prisionero” en la Teoría de Juegos. En este esquema, los individuos acusados de cometer un delito tienen que optar por cooperar entre ellos (es decir, no delatar) o confesar su responsabilidad. Si ninguno delata, la pena es ligera por ausencia de evidencias. Si alguno delata, recibe una reducción significativa de su condena, mientras que los cómplices que no confiesan cargan con la pena más alta. Si todos confiesan, la pena no es la más alta, pero es más elevada que si no hubieran confesado.
La solución óptima para los acusados es cooperar y no delatar, ya que en ese caso todos enfrentarían una pena ligera. Sin embargo, los incentivos son tales que, a cada uno en lo individual, le conviene delatar. Es una forma de asegurar una pena relativamente baja, sobre todo en caso de que alguno de los otros confiese. Por esta razón, los acusados terminan en un equilibrio indeseable para ellos: delatando a sus compinches. Entre mayor sea el número de acusados, más fácil es lograr que se muevan a este equilibrio. Esto es justo lo que estamos viendo en tiempo real.
A contracorriente del discurso oficial, los exfuncionarios que ya se entregaron no se esperaron a que hubiera pruebas de su culpabilidad. Ellos deben saber que existen elementos incriminatorios en su contra y, por lo mismo, decidieron negociar, colaborar y tratar de reducir sus propias condenas. En el proceso, ellos aportarán aún más pruebas y elementos contra el resto de los acusados, específicamente en contra de su superior jerárquico, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. A estos dos colaboradores podrían seguirle otros, buscando cada uno reducir su propio castigo.
El gobierno mexicano hizo un mal cálculo en todo esto. Planteó el asunto como un tema meramente político y de soberanía y no como un tema legal, jurídico y criminal. Muchos vieron en esto un intento de Estados Unidos por involucrarse en la vida política del país. Es posible que en parte así fuera, pero eso no eximía del todo que en efecto hubiera elementos reales y de fondo en las acusaciones. Ahora se ha perdido el control de la narrativa y del proceso. Ya no tiene mucho sentido exigir pruebas, cuando ahora podemos estar seguros de que las habrá. Lo que procede ahora es asumir una actitud distinta: actuar a tiempo, iniciar investigaciones propias y ser implacables contra políticos o funcionarios sospechosos de tener vínculos criminales.