Desde el viernes se intensificó el cabildeo en la Cámara de Diputados para analizar el tema de la llamada ley para factureras y subcontratación. Entre otros estuvieron todos los representantes fiscales de la cúpula empresarial, integrantes del Colegio Mexicano de Abogados, de la Barra Mexicana de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas.
La discusión se centró en la minuta en materia de defraudación fiscal que ya está en su etapa definitiva de aprobación. Hoy seguirán las reuniones y ya es cuestión de horas la definición final sobre el tema de la evasión fiscal equiparable a delincuencia organizada. Los empresarios afirman que como está la iniciativa, se pone en riesgo la inversión y el empleo. Claro, también el crecimiento del país.
“Está que arde la situación”, me comentó uno de los participantes, en tanto el coordinador parlamentario Mario Delgado Carrillo anunció que el martes se dará prioridad a la aprobación de “otra reforma de gran calado para el país, como es la que permitirá combatir la defraudación fiscal que se lleva a cabo mediante facturas falsas y empresas fantasma”.
Ahí estará la minuta del Senado que reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal “para sancionar severamente la expedición de facturas falsas y a las empresas fantasma sin criminalizar al empresario. Esto influirá en la recaudación de ingresos para el 2020. Es una prioridad para nosotros”, dijo el legislador.
Agregó que “no se sanciona al contribuyente que cumple con sus obligaciones fiscales ni al que, por descuido, deja de informar sobre sus contribuciones, o al que fue engañado por su contador declarando datos incorrectos”.
Los empresarios afirman que existen serias inconsistencias. Armando Piedra, ejecutivo de TallentiaMX, advirtió ante diputados que la propuesta hacendaria “acabaría con los contribuyentes, pues por mera presunción de operaciones inexistentes cualquiera irá a la cárcel”.
La posición y petición del organismo de recursos humanos es que no se consideren los artículos 108 ni 109 de la iniciativa fiscal, y que se analice muy bien el tema de las factureras porque a nadie exime de que algún proveedor pueda haber hecho una factura falsa, y no por ello cualquiera esté coludido como evasor.
“Hay 8.3 millones de personas que están trabajado por subcontratación, y si se clasifica a las empresas de administración de capital humano como delincuencia organizada, solo por ser outsourcing, se perderán miles de empleos. Solicitar la retención de ciento por ciento del IVA a los prestadores de servicios de subcontratación será un golpe para las pequeñas empresas y se creará mayor informalidad”.
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