Las ciudades mexicanas crecen caóticamente, sin ningún planeamiento ni disposición alguna. Aguascalientes, es cierto, tiene tres anillos de circulación debidamente previstos en los correspondientes planes de desarrollo urbano. Pero, hasta ahí nada más, señoras y señores, paren ustedes de contar. E inclusive en el caso de la capital hidrocálida, a nadie se le ocurrió construir una carretera circundante para no tener que atravesar la ciudad cuando vas de camino a Zacatecas o de vuelta hacia León. En cuanto a Guadalajara o la capital de la República, no han logrado completar siquiera un auténtico anillo periférico luego de décadas enteras, con todo y que en este país hubimos de acostumbrarnos, en su momento, a “administrar la abundancia” petrolera y a gastar desprendidamente millones y millones de dólares.
México no sólo tiene un calamitoso déficit de infraestructura sino que se ha desarrollado de manera totalmente anárquica privilegiando, como siempre, los intereses de las minorías por encima de las ordenanzas del bien común. Aquí mandan los promotores inmobiliarios —en declarada complicidad con las autoridades— pero también imponen sus fueros los invasores de tierras, los ejidatarios y otros grupos que, en abierta rebeldía contra los agentes del Estado y en pleno desacato a las leyes inscritas en nuestra Constitución, pueden cambiar los usos de suelo en un área protegida, impedir el trazo de una carretera o la construcción de un aeropuerto internacional (no estamos hablando aquí de la reciente decisión presidencial —costosísima para la economía de la nación— de no edificar una terminal aérea de clase mundial en Texcoco sino de la oposición, hace ya tres sexenios, de los “macheteros” de Atenco a que se levantara el gran aeródromo que ya necesitaba Ciudad de México en los tiempos de Vicente Fox), ocupar terrenos federales, desecar una laguna, destruir un bosque, edificar un barrio entero sin siquiera un misérrimo parquecito o acabar con las zonas verdes de una localidad.
Los mexicanos somos grandes redactores de reglamentos y podemos “elevar a rango constitucional” —como se suele decir— todas las prerrogativas y todos los derechos habidos y por haber, desde la Internet universal y gratuita hasta la educación superior obligatoria, pasando por el merecimiento primigenio a tener un trabajo “digno” —o sea, no demasiado arduo y, desde luego, bien remunerado—y, ya puestos, a tres comidas calientes al día debidamente aseguradas en los correspondientes artículos de la Carta Magna. El problema es que a la hora de aplicar las leyes todo esto se trasmuta letra muerta, palabrería sin valor o, mejor dicho, se vuelve lo que era originalmente, a saber, demagogia pura para uso personal de los politicastros de turno. Nada más fácil, en efecto, que promulgar derechos a diestra y siniestra sabiendo que no tienen un carácter vinculante y, a la hora de la hora, consentir calladamente que se derribe una casona histórica o mirar hacia otro lado cuando hay que negar la autorización de un proyecto.
Así las cosas, hemos erigido una realidad absolutamente aberrante desde el punto de vista urbanístico a lo largo y ancho de este país. Y, dentro de este catálogo de engendros, destaca particularmente la capital de la República como el ejemplo tal vez más emblemático (por más que Tijuana, Acapulco o Ciudad Juárez no sean tampoco particularmente agraciadas). No hablemos ya de un Centro Histórico abandonado hasta hace poco a su suerte del que ya había desertado la burguesía local para afincarse en barrios, digamos, de más relumbrón como Santa María la Ribera y, luego, la Condesa o Polanco para conquistar finalmente Las Lomas y Tecamachalco. Pero, si nos referimos justamente a estas zonas, ¿no vendría siendo Interlomas el caso más absurdo e irracional? Es una zona montañosa invadida de inmensos edificios de apartamentos a la cual no se puede acceder más que por dos o tres avenidas, lo cual lleva a que ocurran allí, a diario, gigantescos atascos de tráfico. Y, sin embargo, no cesan las construcciones ni se detienen los proyectos. Nos estamos refiriendo a una zona en el Estado de México, naturalmente, pero la entidad comparte totalmente su infraestructura con Ciudad de México y en la propia capital existen casos de desmesurado crecimiento sin que esta explosión demográfica se haya acompañado de avenidas, terminales de transporte público o hasta la mismísima capacidad de proveer agua a los vecinos recién llegados.
Claudia Sheinbaum, la nueva alcaldesa de CDMX, pretende arreglar estos entuertos tomando decisiones radicales, hay que decirlo. Por lo pronto, el costo de oponerse a los nuevos proyectos inmobiliarios ya es altísimo: 30 mil albañiles se encuentran sin trabajo. Y el mismo crecimiento económico de la capital se ve seriamente comprometido. Desafortunadamente, parece ser un problema sin solución. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de un mercado inmobiliario que, en México, ha florecido siempre en la anarquía. Mala noticia, por donde la veas…
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