En el caso de la detención del doctor Roberto que llevaron a cabo agentes de la FGR, lo cuestionable es que hubo una desproporcionalidad del uso de la fuerza pública, que pudiera derivar en una responsabilidad de tipo administrativa e incluso penal, y la familia puede presentar por este acto una denuncia ante la autoridad competente, señaló el abogado, Juan Jorge Olvera Reyes.
Esto al ser entrevistado con respecto a este asunto, luego de que ayer protestaron y bloquearon la calle Colón, frente a la presidencia municipal sus familiares, doctores, amigos y pacientes pidiendo justicia para él.
El profesionista dijo que hay que distinguir en este caso 2 aspectos, en primer lugar al doctor se le priva de la libertad por un mandamiento judicial de un juez federal, lo cual está legalizado.
“Lo que se está cuestionando es el uso de la fuerza pública, si cumple con los parámetros que están determinados por los protocolos, sabemos que la Ley Orgánica de la Fiscalía General establece la forma en que las autoridades, los servidores públicos deben cumplir en este caso un mandamiento judicial, es regla en nuestro país, y de acuerdo con la Constitución que toda autoridad, en este caso administrativa, debe respetar los derechos humanos de las personas, y desde mi particular punto de vista hubo una desproporcionalidad del uso de la fuerza pública”.
Expresó que esto puede originar que los servidores públicos pudieran tener una responsabilidad de tipo administrativa e incluso de carácter penal.
“Si es considerada prudente pudiera equipararse en materia penal y en algunos criterios de la Corte el vehículo es una extensión del domicilio, pero hay que establecer la denuncia correspondiente y que en un momento dado pueda determinarse por parte de la autoridad, en este caso el Ministerio Público Federal, si la conducta llevada por los elementos pudiera ser un hecho constitutivo de delito”.
Señaló que todos los servidores públicos que se desvían de su conducta pueden acreditar una responsabilidad de tipo administrativo.
“Y en este caso sería la denuncia ante el órgano de control interno de la Fiscalía General de la República, y de tipo penal una denuncia ante el Ministerio Público Federal e inclusive de tipo civil”.
Manifestó que él fue Juez Penal y sentenció a servidores públicos, sobre todo agentes de tránsito, que a veces cometen este tipo de delitos cuando golpean la puerta o quieren sacar a la fuerza a una persona de su vehículo, es un ejercicio indebido de la fuerza pública.
Consideró que los elementos estaban cumpliendo con su función, pero el uso de la fuerza en este caso fue desproporcional a la posición pasiva por parte de a quien le iban a ejecutar una orden judicial.
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