Pese a la gran popularidad que los corridos tumbados han acaparado en México y a nivel internacional, actualmente el subgénero del regional mexicano se enfrenta a obstáculos que van desde la censura por parte de autoridades municipales y estatales hasta amenazas firmadas por presuntos miembros de la delincuencia organizada.
El epicentro de los mensajes intimidatorios en contra de intérpretes se ha situado en Tijuana, Baja California en donde la aparición de cartulinas y mantas con mensajes intimidatorios orillaron a Peso Pluma y Fuerza Regida a cancelar sus conciertos programados para el mes de octubre en el Estadio Caliente.
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A través de redes sociales, tanto la popular agrupación como el intérprete de PRC informaron que “por seguridad de los fanáticos y el equipo” o “razones fuera de su alcance” no se presentarán en la ciudad fronteriza, premisas que podrían tener un trasfondo oculto, según las recientes declaraciones de la alcaldesa de la entidad.
En entrevista con Azucena Uresti, la edil de Tijuana, Montserrat Caballero, cuestionó la cancelación de los conciertos de Peso Pluma y Fuerza Regida pues, más allá de las amenazas, aseguró que únicamente habían vendido 10 mil boletos.
"Ellos pueden presentar ciertos contratos y por ahí evadir impuestos aduciendo que por inseguridad no pueden llevar a cabo el contrato, no es cuestión de ellos", declaró Montserrat Caballero.
Desde la perspectiva de la edil de Tijuana, los promotores de Peso Pluma y Fuerza Regida estarían usando las amenazas de presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un pretexto para cancelar un concierto que no vendió los suficientes boletos sin amonestación alguna.
Por dicha cuestión, Montserrat Caballero instó a las autoridades no solo a investigar el origen y autenticidad de las amenazas en contra de los intérpretes sino también a los mismos promotores de los conciertos ante la posibilidad de que estén incurriendo en lavado de dinero.
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Aunque será cuestión de las autoridades estatales confirmar -o descartar- los señalamientos de la alcaldesa de Tijuana, el hecho evocó nuevamente a uno de los casos más polémicos que involucra a artistas de regional mexicano con el cártel de las cuatro letras, el mismo al que fueron atribuidas las amenazas.
DEL Records: la disquera de regional mexicano ligada al CJNG
Descrita en su página web como "la empresa líder independiente de entretenimiento de la música Regional Mexicana en Estados Unidos y México", DEL Records ha llevado a la fama a artistas como Lenin Ramírez, Gerardo Ortiz o Ariel Camacho.
Pese al gran éxito que algunos intérpretes alcanzaron, la imagen de la exitosa disquera se vio opacada al menos desde 2018 cuando agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvieron a Ángel del Villar -director general- y a Luca Scalisi -director de finanzas-.
Ambos ejecutivos fueron acusados de mantener negocios con Jesús Pérez Alvear, quien está designado por la Oficina de Control de Archivos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como una persona que actúa en nombre del CJNG en su rol de facilitar el lavado de dinero.
“Nuestra designación de Jesús Pérez Alvear expone su papel ayudando al CJNG y Los Cuinis a explotar la industria musical mexicana para lavar las ganancias del narcotráfico y glorificar sus actividades criminales”, mencionó la subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker en abril de 2018.
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Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que Chucho Pérez tiene estrechos vínculos con la familia González Valencia -Los Cuinis- y se enfoca principalmente en promover conciertos realizados durante las grandes ferias mexicanas como las que se celebraron en Aguascalientes y Metepec.
La red de lavado de dinero de Jesús Pérez Alvear
Las investigaciones realizadas por autoridades estadunidenses identificaron a Chucho Pérez como un promotor que utiliza la violencia para obtener concesiones de conciertos con su propia empresa llamada Gallística Diamante o Ticket Premier.
El negocio del colaborador de Los Cuinis consiste en lavar las ganancias que el CJNG obtiene del narcotráfico a través de ingresos legítimos generados por la venta de boletos, refrigerios, estacionamiento y otros artículos.
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"Chucho Pérez a menudo promueve actos musicales conocidos por cantar narcocorridos o baladas que glorifican a los narcotraficantes y sus actividades ilícitas", puntualiza un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.
Entre los artistas que ha promocionado Jesús Pérez Álvear destacan Julión Álvarez o Gerardo Ortíz, siendo un concierto de este último el que llevó ante la justicia estadounidense a los directivos de DEL Records.
Gerardo Ortiz, DEL Records y el CJNG
De acuerdo con una investigación realizada por Laura Sánchez Ley para MILENIO, interceptaciones de llamadas dan cuenta de que el director general de DEL Records, Ángel del Villar, se enteró de las operaciones que realizaba Jesús Pérez Alvear una vez que fue designado por el Departamento del Tesoro.
Pese a ello, los ejecutivos de la exitosa disquera tomaron la decisión de asociarse con Gallística Diamante para la realización de múltiples conciertos de música regional.
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Los precedentes fueron suficientes para que autoridades estadunidenses preparan un juicio que incluirá la presencia de al menos ocho testigos entre los que se encuentran agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), un publicista, el dueño de una empresa de jets privados, un acusado por tráfico de drogas que habría presenciado los negocios de DEL Records y un artista grupero mexicano.
Denominado como "Individuo A", autoridades estadunidenses pusieron en la mira una serie de conciertos realizados en 2018, época en la que DEL Records representaba a Gerardo Ortiz, un reconocido cantante de regional mexicano.
Una acusasión consultada por Ángel Hernández para MILENIO señala que el FBI advirtió al intérprete de Dámaso que incurriría en un delito en caso de presentarse en los concierto promovidos por Gallística Diamante por su relación con Jesús Pérez Alvear.
La agencia de seguridad estadunidense también interceptó mensajes en donde Lucas Scalisi -director financiero de DEL Records- mostró preocupación de que existiera un "rastro de papel" que vinculara a Ángel del Villar con Chucho Pérez.
Las advertencias del FBI fueron claras pero a los ejecutivos de la disquera poco les importó y, de este modo, Gerardo Ortiz llegó en abril de 2018 a la Feria de San Marcos en Aguascalientes abordo de un jet privado cuya renta fue pagada con la tarjeta de crédito American Express de Ángel del Villar.
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La firma de vuelos Chárter GoGo fue la encargada de contratar a la empresa WorldWide Jet e informó que ese día autoridades del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes habían cerrado los aterrizajes en el horario que buscaban llegar.
Pese a dicho percance, un empleado de DEL Entertainment -rama de la disquera- aseguró tener conexiones en el gobierno estatal y logró que el puerto aéreo abriera para recibir al intérprete de Tranquilito.
El encargado de subsidiar el vuelo y conciertos en Guanajuato, Chiapas y otros estado de la República Mexicana fue Jesús Pérez Alvear, quien realizó transferencias a DEL Entertainment por lo menos 10 veces de agosto a septiembre de 2018 por cantidades que van desde los 150 mil hasta los 500 mil pesos.
Tras realizar un cateo en las oficinas de la disquera en Los Ángeles, autoridades estadunidenses localizaron documentos y comunicaciones internas de la empresa que revelan que los directivos siempre estuvieron conscientes de la situación.
Al establecer nexos con Chucho Pérez, los directivos de DEL Records violaron la Foreing Narcotics Kingpin Designation Act, la cual contempla como un crimen el tener negocios con un traficante de narcóticos señalado por el Departamento del Tesoro.
Actualmente Ángel del Villar y Lucas Scalisi se encuentran en libertad luego de pagar una fianza de 100 mil y 35 mil dólares respectivamente, no obstante, el juicio en su contra continuará este 24 de octubre de 2023.
Por su parte, Jesús Pérez Alvear logró formalizar un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadunidenses, lo que implica que aceptó haber conspirado para realizar transacciones con activos usados para el narcotráfico.
El cambio en el proceso judicial del operador financiero de Los Cuinis y el CJNG da un giro para el juicio de Ángel del Villar y Lucas Scalisi quienes, en caso de ser declarados culpables, estarían enfrentando condenas de hasta 30 años en prisión.
ATJ