Le dicen la gallera. Es un terreno a la intemperie en la frontera de Chiapas con Guatemala, que se diseñó como una enorme jaula, techada y enrejada con una malla metálica, como si de resguardar animales se tratara. Sólo que a quienes encierran diariamente ahí es a un centenar de migrantes, incluidas niñas, niños y mujeres. Los migrantes son secuestrados y pueden ser liberados hasta saldar su rescate y que el cártel lo apruebe. Colocan un sello con forma de ancla en algún brazo de la víctima, como símbolo de su pago y liberación.
“Nos encierran como si fuéramos animales. Nos amenazan y nos dicen que busquemos la forma de conseguir el dinero. El que no tenga los recursos para pagar el rescate se queda en la gallera cocinando para darle de comer a los niños secuestrados o haciendo trabajo social para el cártel, así se hacen llamar”, dice Andrés, migrante venezolano de 18 años, quien estuvo secuestrado un día en esta gallera, hasta que su tía de Estados Unidos hizo el depósito a una cuenta de Banco Azteca y pagó el rescate.
Cada uno de los migrantes –en su mayoría, venezolanos, pero hay también haitianos, centroamericanos y asiáticos– tiene que pagar 75 dólares o mil 200 pesos por el rescate. Un grupo delictivo los captura cuando cruzan a México, en su camino hacia los Estados Unidos. Los encierran en esta especie de jaula, armada por una tela de alambre. A los adultos no les dan agua ni comida. Las niñas y niños, a partir de los cuatro años, también pagan rescate; los únicos a los que se les alimenta mientras están privados de la libertad. En las palmas de las manos les sirven una cucharada de arroz y otra de huevo.
Durante su encierro en esta gallera, atrapado además junto con su familia, Andrés contó a 25 criminales al mando y prácticamente a un centenar de personas secuestradas, lo revela en esta entrevista para DOMINGA, la revista digital de MILENIO.
La violencia por el crimen organizado en Chiapas
De Caracas a la Ciudad de México hay casi 3.6 mil kilómetros, siete países y la selva del Darién. Es lo que Andrés tuvo que recorrer para huir del hambre en Venezuela. Antes de ser secuestrado por el crimen organizado mexicano, recorrió a pie los más de cien kilómetros que existen entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá para cruzar el tapón del Darién, una zona húmeda que alcanza hasta los 35 grados centígrados y dominada por peligros que van desde las mafias, guerrillas, paramilitares y animales peligrosos, como serpientes o arañas de hasta 20 centímetros de tamaño.
El hambre y la deshidratación son parte de los desafíos en los tres días de camino. A Andrés lo doblaba el dolor de estómago por esa hambre mientras iba por la selva, aun así, se resistió a comer zamuro o zopilote asado porque le dio asco, lo que miles de migrantes que a diario cruzan por ahí tienen como única alternativa para alimentarse
De acuerdo con los datos y recuerdos que tiene de su secuestro –ocurrido en julio de 2024–, asegura que la gallera estaría ubicada en el ejido de Guadalupe Victoria, que pertenece a Amatenango de la Frontera, un municipio dedicado sobre todo al cultivo del frijol y maíz.
Este forma parte de los 12 municipios chiapanecos que han sido denominados Región Frontera y que las organizaciones civiles han alertado y clasificado que viven un conflicto armado no internacional, sustentado en el marco legal del Derecho Internacional Humanitario del IV Convenio de Ginebra. Los territorios en cuestión son: La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Bella Vista y Amatenango de la Frontera.
Hasta el 7 de julio de 2021, se colocó a Chiapas por primera vez en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada. El punto de inflexión ocurrió cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emboscó en el fraccionamiento La Gloria, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a Gilberto Rivera El Junior, hijo del operador del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos que mantenía el control en Chiapas. De acuerdo con los informes de la prensa local, se trasladaba en un Audi y era acompañado también de un Renault, cuando fue atacado con armas de grueso calibre a plena luz del día.
A partir del asesinato de El Junior hasta el día de hoy, más de 10 mil habitantes de estos 12 municipios chiapanecos han sido víctimas de desplazamiento forzado debido a esta problemática, concluye el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, presentado en enero de 2024 por organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la Región Frontera.
Los habitantes de Chicomuselo se están yendo
En el municipio de Chicomuselo, una de las familias desplazadas por la violencia es la de la señora Martha, de 73 años, quien da su testimonio a DOMINGA. Dedicadas al comercio, sus primas tuvieron que huir del país, luego de que se adueñaron de sus terrenos y negocios, y secuestraron y desaparecieron al esposo de una de ellas. Una de las regiones en las que más se están refugiando las familias es en Comitán, localidad vecina de San Cristóbal de las Casas. Ahí intentan protegerse del conflicto armado entre el crimen organizado, en el cual quedaron atrapados desde que se enfrentaron el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
El pasado sábado 24 de agosto, vía X se difundió un video de 2:20 minutos en el que se escucha gritar a un grupo armado conformado por decenas de personas, ahí dicen que el Cártel de Sinaloa había llegado a Chicomuselo a apoyar a su población. El periodista local, Isaín Mandujano, difundió en su cuenta de X una carta que recibió de una alumna de secundaria desplazada de Chicomuselo, en la que narra todo lo que ha vivido y sufrido desde que empezó la violencia y la lucha entre dos cárteles en su pueblo.
“Hoy 26 de agosto, hay un vacío en nuestros corazones de todo el cuerpo estudiantil del municipio y sus alrededores; saber que dejamos el sueño de seguir estudiando en un lugar que era tranquilo, pero que ya no se podía salir sin el temor de que me pasara algo o saber que no podía regresar a mi casa, tener que dejar una vida atrás por algo que no tuvimos la culpa o por algo que no pedimos…”.
Ese mismo epicentro del que están siendo desplazados los lugareños se convirtió en una de las peores trampas para los migrantes venezolanos.
La 'gallera', una emboscada para los migrantes venezolanos
Andrés, que estaba desempleado en Caracas, donde la única manera de ganarse la vida para los jóvenes de su edad y clase social era unirse a las filas del gobierno o al crimen, huyó con el sueño de aprender inglés y llegar a Estados Unidos para dedicarse a un trabajo digno.
Pocas horas antes cruzar la selva del Darién junto con su familia, apenas amaneciendo y vislumbrando la inmensidad de la naturaleza, se puso a orar “pidiéndole a Dios que nos fuera bien en el camino [...]. Éramos muchos, miles, la mayoría venezolanos, por eso, cantamos el himno de nuestro país, Gloria al bravo pueblo”. Sus compatriotas también huían de la aguda crisis humanitaria y de salud, luego de que Nicolás Maduro se instauró de manera ilegal en la presidencia de Venezuela desde 2019, derrotando a Juan Guaidó y repitiéndolo en las elecciones pasadas con Edmundo González.
El Programa Mundial de Alimentos informa que el 59 por ciento de los hogares venezolanos carecen de ingresos para comprar alimentos. Se calcula que un tercio de su población sufre de inseguridad alimentaria de moderada a grave y que los habitantes perdieron un promedio de 11 kilos en 2017. Según cifras de Migración panameña, cada día de 2024 por el Darién han cruzado mil 093 migrantes.
El Darién es el primer desafío en la ruta de los migrantes venezolanos hacia el norte del continente y donde han muerto al menos 29 personas en lo que va del año, de acuerdo con la policía fronteriza. Ahí Andrés se tropezó con personas enterradas a su paso, muertos por la picadura de serpiente y hasta creyó encontrarse a espíritus que le hablaban, que lo animaban a seguir en el camino, sobre todo un señor que venía en sentido contrario.
“Nos decía que faltaba poco, que faltaba poco. Nos parecía raro, que iba hacia atrás y no hacia la salida; pero más adelante, se empezaron a correr los rumores con otras personas que también lo vieron y decían que era un muerto. Todos nos quedamos asustados. Sí hay cosas en el Darién, pero yo prefiero pasar mil veces la selva, que cuando pisas México”.
La real amenaza que Andrés enfrentó fue el grupo al que todos llaman el cártel. La trampa en la que Andrés quedó atrapado, junto con otro grupo de migrantes, al andar a pie sobre la autopista que va de Ciudad Hidalgo hacia Tapachula.
“Se nos aparecieron unos tipos. Eran tres motos y dos camionetas, una Silverado blanca [Chevrolet pickup] y una negra. Con groserías nos dijeron que teníamos que pagar un paquete [de viaje] de 200 pesos por persona para poder llegar hasta Tapachula. Y nos advirtieron ‘es la única opción que pueden tomar, no se hagan los pendejos con nosotros”, cuenta Andrés. Sin embargo, los 200 pesos que le pagaron al cártel no los condujo a Tapachula sino a la gallera.
Andrés se encontró ahí con niñas, mujeres, niños, migrantes de diversas nacionalidades, todos buscando la manera de poder pagar la cuota establecida por persona para ser liberados. Algunos traían 500, 200 pesos, pero era insuficiente para alcanzar los mil 200 que les cobraban para dejarlos libres. Una vez pagado el rescate de Andrés no fue suficiente el alivio, aún quedaban secuestradas tres de sus primas y una tía, a quienes amenazaron que, si no pagaban, la otra y única posibilidad de liberación era ser compradas con sexo.
Al día siguiente de salir de la gallera, Andrés consiguió el dinero con otros familiares para poder sacar de ahí a las cuatro mujeres. Al reencontrarse con ellas, se enteró que ni de comer les dieron. “Las pusieron a cocinar para los niños que estaban ahí. Les daban la comida en la mano, así nomás”, narra. Una vez que envió por WhatsApp la captura del depósito a una cuenta de Banco Azteca, con el sello del ancla en el brazo, unos taxis llegan por las víctimas para recogerlas y liberarlas en una plaza de Tapachula.
Los rescates alcanzan los 70 mil pesos, a cuentas de Banco Azteca
La ruta más segura y disponible para los migrantes que van de Ciudad Hidalgo a Tapachula es subirse a los autobuses asignados por el Instituto Nacional de Migración (INM); sin embargo, la espera puede ser de varios días y durmiendo en el piso en unas carpas improvisadas. Cuando Andrés supo que había 43 listas de espera –dividas entre familias y solteros– se impacientó y con un grupo de amigos decidió salir caminando.
“Es a juro [a fuerza] tienes que agarrar el bus de migración, porque si es caminando o en combi te secuestran. A las combis también las paran. Yo no hice caso y por desesperado, me fui caminando”.
Andrés no es el único que se ha armado de valor para hacer público en los medios de comunicación el secuestro masivo que vivió. Voice of America (VOA), la emisora internacional de los Estados Unidos, en mayo de 2024 documentó en televisión un secuestro en Chiapas de un migrante peruano, que al ser liberado de su secuestro también le pusieron un sello –pero más parecido a un águila que a un ancla, como en el caso de Andrés, lo que indica que podría haber distintos grupos secuestrando a migrantes–.
“Esos cárteles son muy malos”, dice el migrante peruano al periodista Álex Ramírez que lo entrevista.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, participó en esta noticia de VOA. Desde su cuenta de X ha documentado una veintena de secuestros de migrantes en los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Puebla, donde los rescates van de los 20 mil a los 70 mil pesos y su particularidad es que piden que los depósitos del dinero se realicen como remesas, a cuentas de Banco Azteca y, una vez liberadas las víctimas, los marcan con una especie de código de barras en el brazo, para evitar que vuelvan a ser secuestrados.
“Si siguen existiendo estos secuestros masivos es debido a la impunidad con la que opera el crimen, ya que es muy difícil probar el tráfico de personas, porque los migrantes en su calidad de indocumentados no se atreven a acercarse a las autoridades para denunciar. Lo único que podría funcionar sería empezar a tratar a estos delitos como crimen organizado”, explica Rendón.
El INM no documenta casos de secuestro de migrantes en Chiapas, respondieron a esta reportera que esto “le correspondían a la Fiscalía” y la Fiscalía del estado sólo tenía registradas en 2023 apenas dos carpetas de investigación, una en 2019 y otra en 2020, según los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Región Frontera, el tramo más peligroso para los migrantes
La Región Frontera se convirtió en el tramo más peligroso para los migrantes desde 2021, pues quedan atrapados entre los enfrentamientos de cárteles; es el cruce de la mayor crisis humanitaria a nivel mundial, sólo por debajo de la diáspora siria. La Organización de Naciones Unidas (ONU) reporta que 7.7 millones de venezolanos han salido de su país buscando protección y una mejor vida.
El crimen organizado ha lucrado con la miseria y la crisis humanitaria en Chiapas. En 2018 Insight Crime había calculado –cuando el flujo de migrantes por nuestro país era muchísimo menor– que estos grupos ganaban más de 134 millones de dólares anualmente por cometer crímenes contra migrantes (sin incluir las cuotas por cruce fronterizo).
La pregunta sería ¿hoy las ganancias podrían ser cuatro o cinco veces mayor?, pues según el reporte del INM de migrantes en situación irregular, la cifra creció sólo en Chiapas cuatro veces en los últimos seis años, de 58 mil 860 a 240 mil 497 en 2024.
Andrés sabía que su única posibilidad era migrar a Estados Unidos para escapar del hambre y del conflicto político de Venezuela. Pero entre Caracas y Texas está un territorio dominado por el crimen organizado y un México que –desde el 21 de enero del 2022– impuso visa a los venezolanos, volviendo para ellos sus caminos ilegales y aún más peligrosos, presionado por la agresiva política migratoria del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, quien “incluso amenazó con poner aranceles” a productos mexicanos.
GSC/AMP