M+.- Uno sabe que ha llegado a Santa Engracia, en la región cítrica de Tamaulipas, cuando ve las copas frondosas de los árboles a la orilla de la carretera que conecta a Monterrey con Ciudad Victoria.
Los más grandes recuerdan que en verano los naranjos solían verse “pelones” a causa de la cosecha, pero en los últimos años, en esta temporada, los árboles se ven más cargados, doblados por la pesadez de los frutos. Ese cambio se debe a la extorsión.
Los pizcadores cada vez tienen menos trabajo. Sus patrones ya no los llaman a jornadas tan largas como antes. El cobro de derecho de piso a la naranja en el municipio de Hidalgo está por las nubes, dice el agricultor Leonardo García, desplazado de la zona por el Cártel del Golfo.
Desde hace tres años se sumó un nuevo impuesto ilegal: el del huacal, la caja hecha con tablas de madera que se usa para transportar frutas y verduras.
Monopolio de huacales: el nuevo cártel
Ahora, los productores de naranja en Santa Engracia sólo pueden comprar huacales a una persona, identificada como emisario del cártel. Y en vez de pagar dos pesos por huacal, como antes lo hacían, ahora los deben comprar, cada uno, en cinco pesos.
Una caja alcanza para unos 15 a 20 kilos de naranja, así que en una producción de toneladas el costo se eleva por decenas de miles de pesos. Incluso, cientos de miles.
“O asumes el nuevo costo del huacal que te vende el crimen a más del doble o dejas de pizcar [cortar y recolectar la naranja], porque no te alcanza. Y se te pudre la naranja. Pero si dejas de pizcar, ¿cómo pagas los sueldos? ¿De qué come tu familia?”, se pregunta Leonardo, a través de una videollamada, desde un lugar que no debo revelar.
Su ubicación actual es secreta desde que denunció hace 16 meses ante la Fiscalía estatal que miembros del Cártel del Golfo le exigieron pagar hasta por los huacales. Pensó que el abuso había llegado a un extremo tan intolerable que el gobierno le ayudaría.
En cambio, al día siguiente de su denuncia llegaron hombres armados a su rancho: tenía 24 horas para irse o su familia sería asesinada. Uno de los sicarios tenía en la mano copias de la denuncia que supuestamente era anónima.
“Yo no sé en qué momento llegamos a esta situación. Nos pasó porque nos acostumbramos a la extorsión: primero le pusieron costo al corte de naranja, luego a todo lo demás: desde el empaque hasta el transporte. Ya sólo faltaba el huacal, decíamos en broma. Y se hizo realidad”, lamenta Leonardo García.
Es una mutación criminal que Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Actores Armados No Estatales en el Instituto Brookings, define como “la cooptación de la cadena vertical de una economía legal”, es decir, una extorsión 2.0, en la que cada paso de la comercialización de un alimento es un ingreso para el crimen: desde fijar el precio en el mercado hasta el etiquetado con falsas certificaciones.
Para eso, ya no basta aplicar extorsiones y tener sicarios. El crimen se sofistica y cuenta con empresas legales que hacen trabajos sucios, como procesadoras de alimentos, empresas de transporte con cadena fría, empaquetadoras y más.
Lo que antes era una banda de cobradores armados, hoy es un conglomerado criminal con alcance internacional.
“Esta toma de control va mucho más allá de la extorsión y a menudo busca controlar toda la cadena vertical de producción. Esta apropiación de economías legales no sólo fortalece las herramientas de lavado de dinero de los cárteles e incrementa sus ingresos, sino que también constituye un medio de control político”, alertó Vanda Felbab-Brown en marzo de 2024 ante el Senado de los Estados Unidos.
Bandas amenazan a limoneros y aguacateros
La primera vez que escuché de la extorsión a los huacales fue por Bernardo Bravo, empresario limonero y presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Michoacán.
En una región donde los productores no suelen hablar con la prensa sobre las extorsiones, la voz de Bernardo era la única que denunciaba los cobros ilegales.
“Ahora nos están obligando a comprar los huacales a una sola empresa, que sabemos que es de un familiar de la mafia de aquí”, me dijo en marzo de 2025, durante una conversación sobre nuevas prácticas extorsivas.
“Te dan las cajas con un sello, como escolar, y con eso saben que le compraste a la persona indicada. Si tus cajas no tienen ese sello… bueno, ya te imaginas lo que sucede”.
En aquella ocasión, Bravo también me habló de una nueva tarifa que fijaba el precio del huacal en cinco pesos, cuando antes se podían comprar por un peso. El incremento en el costo del almacenamiento encarecía el precio final con tres claros perdedores: el consumidor final, el empresario y el trabajador del campo.
El único ganador era, en aquel momento, Los Blancos de Troya, una falsa autodefensa que se integró a Cárteles Unidos, hoy agrupación considerada narcoterrorista por el gobierno de Estados Unidos, cuya principal actividad ilegal es la extorsión.
Siete meses más tarde, después de nuestra conversación, Bernardo Bravo fue asesinado por órdenes de César Sepúlveda, El Bótox, quien resentía las denuncias de extorsión del empresario.
Cada reclamo al gobierno federal sobre la inacción contra el crimen organizado michoacano era un golpe al bolsillo del capo que intentó controlar el negocio del limón mexicano, que ronda los 700 millones de dólares al año. En enero de este año, finalmente, fue capturado y enviado a una prisión de máxima seguridad.
La práctica de la extorsión al huacal se ha extendido rápidamente por Michoacán: en Arteaga, en la Región de la Sierra Costa, tiene un aumento del 200 por ciento; en Zitácuaro, en la Región Oriente, hasta de un 300 por ciento.
En el primer caso, el impuesto ilegal lo ponen Los Caballeros Templarios; en el segundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El crimen impone reglas y controla la madera
“Cuando el cobro de derecho de piso se expresa por huacal, que es una unidad de referencia para los productores de aguacate, de limón, o de cualquier producto, esto tiene una ventaja para el extorsionador: la cuota crece automáticamente con el volumen de producción y comercialización”, describe Alberto Guerrero Baena, experto en seguridad pública y exfuncionario de seguridad estatal en Michoacán.
Añade que el crimen organizado decide quién produce, quién compra, cuánto se paga, quién transporta y cuánto debe entregarse.
“Es decir, está ejerciendo funciones que normalmente corresponden al Estado y al mercado y por eso este cobro de derecho de piso es un gran indicador de penetración criminal de la economía regional”.
A lo largo de sus años como consultor, Guerrero Baena ha identificado este impuesto criminal en Veracruz, Campeche, Tabasco, Guanajuato, Sinaloa y los campos agrícolas de Baja California, especialmente en ciudades como San Quintín, donde el crimen organizado también contrata jornaleros a quienes impone condiciones de trabajo tan abusivas que se han considerado análogas a la esclavitud moderna.
El control de la producción de huacales por parte del crimen organizado acarrea otro problema para los gobiernos y se conecta con mafias locales: la tala inmoderada y el tráfico de madera, que deforesta los bosques y altera los ecosistemas.
De acuerdo con Leonardo García, productor tamaulipeco, los huacales vendidos a la fuerza por el Cártel del Golfo están hechos con madera conseguida ilegalmente en municipios como Madero y Altamira, en el sur del estado. Una operación hormiga y diaria que usa las mismas rutas para llevar drogas y migrantes hasta la frontera con Estados Unidos.
“Los aserraderos suelen ‘lavar’ la madera talada ilegalmente mezclándola con madera obtenida de forma legal, lo que hace prácticamente imposible rastrearla hasta su lugar de origen (...) Intermediarios y fabricantes sin escrúpulos compran madera a aserraderos e importadores y la utilizan para elaborar bienes de consumo como muebles, palos de escoba y madera aserrada, además de huacales y tarimas.
“Muchos de estos productos son enviados a Estados Unidos o empleados para transportar mercancías, entre ellas productos agrícolas y materiales de construcción”, se lee en el informe “Personas y bosques en riesgo: crimen organizado, trata de personas y deforestación en Chihuahua”, publicado en 2020 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
Si el crimen organizado le pone impuesto hasta los huacales, se queja el productor, el mensaje es claro: el cobro de derecho de piso en México está en una nueva etapa más profunda y de mayor control territorial.
RM