La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció su facultad de atracción para conocer el caso del ex comisario de la extinta Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos, por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.
Lo anterior, porque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó con testimonios falsos de estar ligado al crimen organizado. El ex comisario pasó cuatro años en la cárcel y después fue liberado tras ser encontrado inocente.
Hace unos meses, los magistrados del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México pidieron a la Corte atraer el asunto, porque señalaron que reunía los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronuncie sobre el tema de reparación integral del daño frente a violaciones graves de derechos humanos, donde está de por medio una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Javier Herrera ha declarado que su encarcelamiento derivó por las denuncias que realizó contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien hoy está preso en Estados Unidos por estar relacionado con el narcotráfico.
Ahora, un ministro de la Primera Sala de la Corte se encargará de elaborar un proyecto de sentencia que será sometido a votación en las próximas semanas o meses.
De acuerdo con antecedentes, Javier Herrera reclamó la resolución dictada el 16 de junio de 2022, por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual reconoció la validez del pronunciamiento dictado el 16 de abril de 2019 por la directora general de Asuntos Jurídicos de la FGR en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado que concluyó que las pruebas ofrecidas eran insuficientes.
El 5 de septiembre de 2014, el ex comisario presentó un escrito en la PGR donde reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, derivado de la detención ilegal que lo llevó a un arraigo en 2008.
También impugnó el maltrato en custodia, deficiencias y demoras en el proceso penal, que culminó con la sentencia condenatoria de 23 de diciembre de 2011 y que fue revocada el 6 de septiembre de 2012, donde fue exonerado porque se utilizaron testimonios falsos.
En su demanda exige el pago de 20 millones 637 mil 570 pesos por concepto de reparación de los daños y perjuicios materiales, y 50 millones por concepto de reparación del daño moral.
En su petición, Javier Herrera indica que se integró una averiguación previa sin existir elementos que hicieran presumible su participación en alguna actividad ilícita.
“La Representación Social fabricó pruebas y me inventó delitos con la finalidad de tenerme retenido”, situación que dice le provocó un daño económico y que impactó en la educación y cuidado de sus tres hijos, de 5, 6 y 10 años de edad.
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