Personas secuestradas, 14 muertos y un periodo de incertidumbre y temor fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre pobladores del municipio de Texcaltitlán en el Estado de México y un grupo de extorsionadores pertenecientes a la Familia Michoacana el pasado 8 de diciembre de 2023.
Los primeros reportes e imágenes que circularon en redes sociales muestran cómo los habitantes de la comunidad de Texcapilla le hicieron frente a los integrantes de la organización delictiva luego de que les exigieran un aumento al "cobro de piso" que llevaban pagando, al menos, desde hace una década.
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Aquel violento episodio acaparó la atención de medios de comunicación durante semanas, pues expuso cómo la ciudadanía ha quedado vulnerable ante un delito que grupos de la delincuencia organizada perpetran y se disputan por controlar: la extorsión.
¿Qué es la extorsión y cuáles son las cifras en México?
El Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) define la extorsión como un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación u organización con ánimo de lucro, que a través de engaños, amenaza y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo a efecto de dañar su patrimonio y esfera emocional.
"Existen dos tipos generales de extorsión. La directa, donde la o las personas que extorsionan interactúan de manera personal, acudiendo al domicilio, escuela, trabajo o negocio de la o las víctimas y la indirecta (virtual) que se comete a través de medios de comunicación como el teléfono celular o las redes sociales. En esta última no existe contacto directo (personal) entre víctima y agresor", se explica en el artículo del centro público de investigación.
En el artículo 390 del Código Penal Federal se contempla la extorsión como un delito de alto impacto en la que incurre una persona que "sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial".
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La normativa contempla penas de dos a ocho años de prisión a quienes cometan el delito, además de cuarenta a ciento sesenta días de multa, sin embargo, las sanciones pueden aumentar hasta un tanto más si se realiza por una asociación delictuosa, un servidor público o ex funcionario, miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas.
"Se le impondrá al servidor o ex servidor público y al miembro o ex miembro de alguna corporación policial la destitución del empleo, cargo o comisión público y si se tratare de un miembro de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, reserva o activo, la baja definitiva de la institución a la que pertenezca, así como la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargos o comisión públicos", se lee en un artículo difundido por la extinta Policía Federal en 2018.
Respecto a la incidencia nacional del delito de extorsión el INACIPE apunta que, desde que se tiene registro en México se puede observar una clara tendencia al alza a pesar de sus fluctuaciones anuales. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a diciembre de 2023 se registraron un total de 10 mil 333 delitos de extorsión a nivel nacional.
Al desalentador panorama se suma que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021, en México únicamente son denunciados dos de cada cien casos de extorsión.
"La extorsión se ha convertido en uno de los delitos más comunes que afectan a los ciudadanos, empresas y comunidades mexicanas en los últimos años. Este delito ha tenido un impacto sustancial en la economía, el tejido social y la seguridad de la población, puede llevar al cierre de empresas, la pérdida de empleos y una disminución del crecimiento económico", señaló en un artículo Jorge Peñuñuri Pantoja de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Hasta junio de 2023, se tuvo el conteo de 41 mil 873 carpetas de investigación por el delito de extorsión durante la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, una cifra que dejó entrever un aumento del 48% respecto al mismo periodo del sexenio anterior. La explicación del aumento de incidencia estaría relacionado con otro grave problema que ha aquejado a México con el paso de los años: las drogas.
¿Por qué han aumentado los casos de extorsión en México?
Aunque la extorsión ha sido identificada como una de las múltiples actividades delictivas que organizaciones criminales perpetran por cada rincón de la República Mexicana, durante años fue el tráfico de drogas su principal fuente de ingresos.
Grandes cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación son los encargados de contrabandear a través de la frontera norte del país toneladas de estupefacientes que, al igual que ellos, se han diversificado con el paso de los años.
Actualmente, el boom de los narcóticos sintéticos -como los opioides o las anfetaminas- ha desplazado del mercado a drogas de origen vegetal como la marihuana o la goma de opio que se obtiene de las flores de amapola.
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Con la legalización del cannabis en distintos estados del país de las barras y las estrellas, dicho negocio parece comenzar a ser insostenible para los cárteles mexicanos, quienes no tardaron en incursionar en un negocio más lucrativo.
En 2020, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas de la Secretaría de Salud apuntó que, la demanda de tratamiento por consumo de estimulantes de tipo anfetamínico se ubicó a nivel nacional en un 30.2%, un aumento que alertó a autoridades sanitarias sobre el cambio existente en el mercado internacional de las drogas.
"La producción barata, fácil y rápida de drogas sintéticas ha transformado radicalmente muchos mercados de drogas ilícitas. Los grupos delictivos que producen metanfetamina -la droga sintética de fabricación ilegal más extendida en el mundo- están tratando de evadir las respuestas policiales y las regulaciones mediante nuevas rutas para la síntesis, bases de operaciones y precursores no controlados", advirtió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en su Informe Mundial 2023.
De este modo, el aumento de producción, distribución y consumo de drogas sintéticas ha orillado a organizaciones delictivas a diversificar sus actividades criminales, principalmente a partir de la extorsión, un delito que ha cobrado fuerza ante el narcotráfico según se explica en un reciente artículo difundido por InSight Crime.
"Los grupos criminales han extendido el cobro extorsivo al transporte público, tiendas, operadores turísticos, eventos religiosos, empresas mineras e incluso a comercios de productos cotidianos. Con esto, la violencia se ha expandido hacia estos sectores, pues quienes se niegan a pagar los cobros o a cumplir normas, corren el riesgo de ser asesinados", señala la fundación dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad nacional de América Latina y el Caribe.
El sistema de extorsiones que grupos delictivos se han encargado de instaurar les permite ejercer una gobernanza criminal que les da poder sobre diferentes escenarios de la vida cotidiana de las comunidades, tal y como sucedió en Texcaltitlán o en Guerrero con el asedio a transportistas.
De este modo, grupos delictivos han encontrado en la extorsión no solo una forma de regular todo lo que pueda producir un capital sino también de recuperar las ganancias que el declive del tráfico de drogas de origen vegetal les dejó tras el aumento de consumo y tráfico de las sintéticas.
ATJ