Dos de los seis detenidos durante el operativo Enjambre, realizado entre martes y miércoles en el oriente de Morelos, promovieron amparos ante la justicia federal, para evitar ser incomunicados o desaparecidos de manera forzada, según registros del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con los registros, Arisbel Rubi 'N', excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan y consejera de Morena, así como el alcalde del mismo municipio Agustin 'N', militante del PAN interpusieron sendos recursos para buscar librar actos que ellos pudieran considerar en su contra, por parte de las autoridades federales, que concedieron la medida provisional a los quejosos este jueves.
Abogados consultados refieren que la medida es uno de los actos "de manual" que indican los defensores legales en casos como este, y aún cuando no está comprometida una posible liberación, si buscan evitar posibles actos de incomunicación, desaparición forzada o cualquier medida considerada violatoria de sus derechos.
Los recursos 969/2026 y 972/2026 fueron promovidos ante juzgados federales con sede en Cuernavaca, donde se concedió la suspensión de plano contra actos que pudieran afectar la integridad o situación jurídica de los quejosos mientras avanzan las investigaciones iniciadas tras el operativo federal.
El resto de los detenidos: Jonathan Espinoza Salinas, Tesorero de Cuautla; Horacio Zavaleta Malacara, Secretario Municipal de Cuautla y Pablo Portillo, Oficial Mayor de Cuautla, también promovieron acciones jurídicas que no han sido resueltas.
¿Qué se sabe de la red de corrupción ligada al Cártel de Sinaloa en Morelos?
Las investigaciones federales apuntan a que una red de extorsión que operaba en municipios del oriente de Morelos mantenía presuntos vínculos con autoridades municipales y operadores políticos relacionados con Júpiter Araujo Bernard El Barbas, identificado por el gobierno federal como supuesto líder del Cártel de Sinaloa en Morelos, Baja California y Zacatecas.
De acuerdo con Omar García Harfuch, la estructura criminal estaría involucrada en delitos como extorsión, tráfico de armas, delincuencia organizada y narcomenudeo.
La investigación tomó fuerza después de que se difundiera un video donde aparecía el secretario municipal de Cuautla, Horacio ‘N’, reunido con Júpiter Araujo Bernard.
A partir de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el crimen organizado logró “penetrar la estructura municipal” mediante financiamiento de campañas políticas e intimidación de adversarios.
Como parte de la llamada Operación Enjambre, fueron detenidos alcaldes, ex funcionarios y operadores políticos, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 22 cuentas bancarias y 10 empresas presuntamente ligadas a esta red criminal.
AG