Al continuar el Parlamento Abierto para revisar la minuta de Guardia Nacional, Amnistía Internacional aseveró que la propuesta es solamente un rompecabezas de una política de populismo punitivo que se debe rechazar, mientras que críticos de las fuerzas armadas pidieron al senado aprobar la iniciativa porque la circunstancia cambio al ser Andrés Manuel López Obrador su comandante.
La directora de Amnistía Internacional, Tania Reneaum Panszi, presentó siete preguntas a los senadores para fundamentar su voto a favor de este cuerpo de seguridad, al manifestar que “cuando pensábamos que no había nada peor que la Ley de Seguridad Interior, llegó la Guardia Nacional”.
“¿Por qué se ha quitado de la narrativa el fortalecimiento de las policías? y en cambio se ha implementado una reforma constitucional al final del día puede poner en riesgo la propia figura del presidente de la República porque la Guardia Nacional es solamente el rompecabezas de una política del populismo punitivo”, señaló.
En su turno, el fundador de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, así como otro representante de ese cuerpo civil, Antonio Magaña, pidieron al Senado que aprueben la Guardia Nacional porque argumentaron que si no lo hacen, cuando les desaparezcan a uno de sus hijos van a terminar pidiendo ayuda a las fuerzas armadas para buscarlos.
Mora reclamó que más allá de colores partidistas, piensen que sólo la presencia castrense o naval ahuyenta a los sicarios en las poblaciones michoacanas, “Qué bueno que haya muchas familias que no se les ha dañado para nada; siga con esa idea de no autorizar la Guardia Nacional y cuando les toquen un familiar van a decir ¿qué fue lo que hice? por qué no permití a las fuerzas armadas y entonces sí van a recurrir a ellas para buscar a quienes les lastimaron”.
De su parte, el padre Alejandro Solalinde justificó su apoyo a la Guardia Nacional, al manifestar que antes se opuso al Ejército en las calles bajo el esquema de la seguridad interior porque “está de comandante un presidente corrupto, pero ahora tenemos un Presidente que respeta los derechos humanos”.
En contraste, el activista y ex sacerdote Alberto Athié pidió no llevar al país a un esquema de seguridad nacional, con un modelo cada vez más militarizado del que se puedan arrepentir después.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que Guerrero ha sido el experimento de todo tipo de operativos que solo han generado violencia, asesinatos y tortura, porque supuestamente han tenido un mando civil, pero ha sido el Ejército el que tiene el control de los operativos.
En el foro de este martes, acudieron familiares de víctimas que acusaron la intervención castrense y pidieron al Senado no darles más poder a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas comparten testimonios
Con llanto en los ojos, la señora Alicia Rabadán narró como su hijo fue víctima de una ejecución extrajudicial durante un operativo militar en Nuevo León, el 26 de abril de 2010, cuando la Sedena recibió una llamada anónima de que en un rancho había gente secuestrada y más de 100 efectivos con tres helicópteros que dispararon indiscriminadamente.
“Pero encontraron a tres hombres aterrorizados, desarmados y encondiéndose. Se trataba de personas secuestradas por el crimen organizado. En un acto sanguinario y con abuso de la fuerza los militares los ejecutaron con brutalidad. Uno de ellos era mi hijo, Jorge Antonio, dejaron su rostro irreconocible, le dieron 19 disparos”, expuso la madre del empleado de Capufe.
Al momento de hacer preguntas, la senadora de Movimiento Ciudadano, Indira Kempis, también sollozó al revelar que era amiga de los estudiantes ejecutados en el TEC de Monterrey, ejecutados por militares.
EB