DOMINGA.– Hay atrocidades de las que el país se entera años después. Otras, tardan unas cuantas semanas en descubrirse. La de Alcozacán, Guerrero, ocurrió en tiempo real gracias a las redes sociales. Miles de personas, mientras nos reincorporábamos al trabajo y estudio después del festejo del Día de las Madres, supimos al instante que Los Ardillos, un grupo narcoparamilitar al sur del país, había puesto en marcha un plan para atacar y desplazar a un pueblo nahua y quedarse con los recursos naturales de la región.
En mi caso, supe que esa pequeña comunidad en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de La Montaña, al sur del estado, estaba bajo ataque con drones explosivos pasadas las nueve de la mañana del 11 de mayo, cuando Jesús Plácido, del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), mandó un mensaje a mi teléfono. Cada vez que lo hace directo, y no a través de un grupo de Whatsapp que compartimos, significa que algo violentísimo está ocurriendo en su estado.
“Compa, ayúdame a darle difusión a esto”, me mandó por nota de voz. Y con sólo escuchar su tono trémulo, supe que era una petición de vida o muerte. “Ahorita mismo están masacrando al pueblo”. De inmediato envió un video: alguien, con la mano temblorosa, grabó drones explosivos volando sobre un pueblo de vegetación paradisíaca, mientras a lo lejos se escuchaban detonaciones de metralletas. Luego, una fotografía: una casa con paredes de ladrillo humeaba por el techo de lámina, porque había sido perforada por una granada arrojada desde el cielo.
“¿Cuándo se van a detener? ¡Somos pueblo, somos indígenas, no hacemos mal a nadie! Ya fuimos desplazados de Tula, de Acahuehuetlán, de Xicotlán… y ahora nos quieren sacar de Alcozacán! Por favor, no hay nadie del Ejército ni de la Guardia Nacional, ¡que manden helicópteros para defender a nuestros niños, niñas y personas de la tercera edad!”, me dijo.
A las 11:25, un desesperado Jesús mandó otro video: mujeres y niños cargaban en sus cuerpos y en mochilas lo que habían podido sacar de las casas donde los alojaban temporalmente y de la cancha de fútbol donde vivían improvisadamente. Todos enfilaban con prisa hacia las montañas. Era el único recurso para sobrevivir: esconderse de los drones del grupo criminal bajo las copas frondosas de los pinos y encinos. Allá la noche los escondería, aunque también los mataría: no hay agua ni comida pero sí animales venenosos y un frío que martilla en los huesos.
Mientras los habitantes de Alcozacán sufrían la enésima embestida de Los Ardillos, el país estaba distraído con otras noticias: la eliminación del Club América de la Liguilla del futbol mexicano, el fiasco del secretario de Educación Pública Mario Delgado por intentar cambiar el calendario escolar y las lluvias en la Ciudad de México dominaban los ‘trending topics’ en la red social X.
“¡Por favor, ayuda! ¡Los van a matar o se van a morir de hambre!”, escribió Jesús, mi fuente desde hace años en Guerrero, antes de apagar el teléfono por un par de horas y dejarme, como a muchos de sus contactos, en la angustia de no saber si Los Ardillos habían guardado sus drones a la orilla del pueblo y finalmente avanzarían hacia las zonas habitadas para matar a todos antes del anochecer.
Los hermanos Beltrán Leyva
Para la tarde del 11 de mayo, la mayoría de los medios ya habían publicado algo sobre la tragedia en ciernes en Alcozacán. La campaña de difusión de CIPOG-EZ había funcionado: cientos publicamos los videos que nos enviaban en un intento por llamar la atención del gobierno estatal y federal. A las tres de la tarde, extraoficialmente, el gabinete de Seguridad federal convocó a una reunión urgente para hacer un trabajo de contención en la zona. La presión social daba incipientes resultados.
Uno de los videos más circulados fue la súplica de Sixto Mendoza, líder de la comunidad bajo ataque, quien leyó un improvisado comunicado en su teléfono: rodeado de niñas y niños que lloraban tras sobrevivir a la noche y la mañana entre bombazos y balaceras, exigió la aparición del Ejército y nombró a los presuntos autores del ataque: “Claudia Sheinbaum, los responsables de estos ataques son Celso Ortega Jiménez, Bernardo Ortega Jiménez, Jorge Iván Ortega y Antonio Ortega Jiménez. Ellos son los responsables de los 76 asesinados y 25 desaparecidos en nuestras comunidades”.
Miles ya se habían enterado en el país que algo terrible pasaba en Guerrero, pero muchos desconocían quiénes son Los Ardillos, un grupo criminal local pero no por ello menos violento, que es una estampa nítida de la narcopolítica mexicana.
Para explicar a Los Ardillos hay que volver en el tiempo. A la década de los ochenta, cuando inició la expansión de la siembra de la amapola en Guerrero. La pobreza orilló a muchas familias a abandonar los cultivos de maíz y frijol para soñar con las ganancias que deja el opio. Una de esas familias fue la Ortega, originaria de Quechultenango, cuyo líder, Celso Ortega Rosas, renunció a la policía rural del estado y se dedicó al trasiego de drogas. Por su rapidez y facilidad para moverse por la zona montañosa le apodaban La Ardilla y por ser el jefe de familia La Ardilla Mayor.
Celso resultó ser un prolífico traficante de amapola, tanto que en la década de los noventa sus habilidades llegaron a oídos de los hermanos Beltrán Leya, entonces aliados del Cártel de Sinaloa, quienes se volvieron sus principales clientes. El clan de sinaloenses vieron con buenos ojos que La Ardilla, como ellos, se apoyara de la familia, como sus hijos Celso, Jorge Iván, Antonio y Bernardo Ortega Jiménez, aunque éste último ha negado su participación en la empresa criminal familiar a pesar de múltiples señalamientos e investigaciones federales.
Los Ardillos, ya convertidos en empresa criminal familiar, se inspiraron en los narcotraficantes del norte del país para diversificar sus actividades: principalmente, vender drogas, cobrar extorsiones a transportistas y traficar recursos naturales, como animales endémicos y madera. Eran los principios de los años 2000 y estaban abarcando mercados negros en más municipios guerrerenses, desde Chilapa hasta Tlapa de Comonfort, y de Tixtla a Chilpancingo. La familia Ortega comprendió que no bastaban las armas para tener una garantía de impunidad. Había que invertir en una mayor protección. Y el mejor lugar donde podían invertir su nuevo dinero sucio era en la fachada del servicio público.
El primero en incursionar en la política fue Bernardo Ortega, quien en 2002 financió una millonaria campaña electoral como militante del PRD a la alcaldía de Quechultenango, su lugar de nacimiento. No ganó, arrasó. Pocos se atrevieron a votar contra el hijo de La Ardilla, narco que sería asesinado en 2008. Su hijo Bernardo se volvió un político profesional: fue diputado local en 2005 y reelecto como legislador en 2012, cuando llegó a ser presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso de Guerrero. Desde entonces, mantiene una importante influencia en el estado.
Miles lo ubican como un narcopolítico que financia Los Ardillos, a pesar de su insistencia en que ya no tiene nexos con sus hermanos y que sus triunfos electorales son producto de su carisma y amor por el pueblo.
“Los Ardillos entendieron que el poder criminal necesita protección política y empezaron a buscarla [...]. Una señal clara de la influencia que aún tiene el clan de los Ortega en la política es que en las elecciones de 2024, en las que el PRD perdió el registro nacional y prácticamente no ganó nada, ellos mantuvieron su coto de poder. El PRD ganó tres de los 28 distritos locales que componen el estado de Guerrero, entre ellos el de Tixtla, donde Jorge Iván Ortega Jiménez, hermano de Bernardo, resultó electo. Lo anterior fue posible gracias a que este clan político ha desarrollado una base social que se traduce en clientela política de personas que reciben beneficios a cambio de votos. Como clan criminal, obtiene información que utiliza para evitar la entrada de otras organizaciones criminales a competir por el control de la zona.
“Si bien el PRD prácticamente ha desaparecido en el país, en la región de La Montaña sobrevive gracias a los Ardillos”, escribió el investigador Victor Manuel Sánchez en el texto “¿Cuáles son los objetivos del crimen organizado al cooptar ayuntamientos? Dos casos de estudio”.
Los Ardillos dominaron grandes porciones de Guerrero sin sobresaltos hasta 2008, cuando sus principales clientes, los Beltrán Leyva, se separaron del Cártel de Sinaloa acusando traición por parte del Chapo Guzmán y El Mayo Zambada. Para combatirlos, los hermanos sinaloenses crearon y consolidaron pequeñas organizaciones leales a ellos por Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Los Ardillos juraron lealtad a los Beltrán Leyva, especialmente a Arturo, El Barbas; sin embargo, con su abatimiento en 2009, se creó un vacío de poder que provocó en Guerrero una explosión de grupos criminales que juraban ser los herederos del control del estado.
De pronto, Los Ardillos tenían competencia. Sus hermanos, paridos por los Beltrán Leyva, ahora eran sus enemigos. Caín frente a muchos pequeños Caínes. Surgieron Los Guerreros Unidos, Los Rojos, el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel del Sur, el Cártel de la Sierra y se metieron a Guerrero grupos más sofisticados como La Familia Michoacana. Pero uno sería la némesis de Los Ardillos en busca del control de Quechultenango y alrededores: Los Tlacos, surgidos de una policía comunitaria del municipio General Heliodoro Castillo, convertidos en narcotraficantes.
Desde 2008, cada grupo pelea con fiereza por pedazos de municipios dejando muertos, desaparecidos y desplazados. La violencia no cesa, sólo cambia de intensidad. A veces baja, la vida vuelve a una falsa normalidad y basta un movimiento para encenderla. Esta vez fue algo tan simple como una decisión en el Ejército mexicano, acusa la gente de CIPOG-EZ.
“[A principios de mayo] quitaron al Ejército de la comunidad de Tula [anterior a Alcozacán] y quitaron otra base militar en el Cerrito de la Cruz, en lo alto de Tula. Se retiraron y Los Ardillos de inmediato desataron la ola de violencia. No es la primera vez que lo hacen: se van los militares y saben que le dan oportunidad a los Ardillos de atacar. Así fue el 10 de junio de 2022, cuando los soldados quitaron los retenes de la carretera y rápido comenzaron a atacarnos con drones. Es una violencia generada por el gobierno, aunque no lo quieran reconocer”, dice Jesús Plácido, del CIPOG-EZ.
“Estando la balacera, los drones, yo vi presencia del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales. Nomás nos veían y se daban la vuelta”, lamenta. “Es una política de exterminio contra nosotros. Nos quieren muertos a todos”.
Quieren agua, madera y minerales de La Montaña
El ataque por cielo y por tierra contra Alcozacán en realidad inició cinco días antes. El 6 de mayo de 2026 a las cuatro de la tarde. El pueblo, habitado prácticamente por desplazados de otras comunidades, como Acahuehuetlán o Xicotlán, que de un día a otro fueron obligados a abandonar sus casas o serían asesinados, pasaba horas lánguidas cuando campesinos en las orillas les avisaron que, por el camino recién despejado de militares, un comando armado se acercaba hacia ellos.
La mayoría conoce bien ese miedo. Lo han vivido muchas veces. Hay familias que han sido desplazadas hasta cinco veces; algunas otras, las pocas originarias del pueblo, conocieron ese horror por primera vez, cuando debieron elegir qué objetos salvar de su casa y meterlos a una mochila que no pesara demasiado para permitirles correr hacia la iglesia.
María Guadalupe dejó en su casa las fotografías de sus hijos y nietos, las únicas que tenía; Rogelio suplicó por tiempo para dejar suficiente agua y comida a su perro, por si se ausentaba por varios días; Refugio persignó a sus dos gallinas antes de huir y abandonarlas con el corazón apretado; Juventino no logró guardar sus medicinas para el corazón que se toma un mes sí y otro no porque Los Ardillos y Los Tlacos controlan también el ingreso de alimentos e insumos médicos.
Las historias que me cuenta Sixto Mendoza son estremecedoras: Los Ardillos se colocaron a la orilla del pueblo y con drones tiraron bombas sobre casas y ranchos, donde había niños. Uno en especial, Eme, de 12 años, necesita urgentemente atención psicológica: cada vez que escucha un ruido fuerte, aunque sea una rama que cae, grita y se orina. Algo similar le pasa a Ese, de 11 años, quien se arranca el cabello cuando recuerda cómo gritaban sus hermanitos y ella no podía calmarlos. Sixto mismo es una antología de historias de horror como integrante de la CIPOG-EZ, una organización que integra el Congreso Nacional Indígena, que ha dedicado los últimos años a defender a los pueblos na savi, me’phaa, nahua y ñamnku de la narcopolítica, especialmente la que moldearon Los Ardillos. Por ejemplo, acusa, la actual alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo Chino, es cuñada de Celso Ortega Jiménez.
“Aquí todo mundo sabe donde viven ellos. Saben sus casas, sus coches, sus amigos, los lugares a los que van cuando se quieren divertir. Todo el mundo sabe dónde están Los Ardillos, ¡qué casualidad que el gobierno es el único que no sabe dónde están!”, reclama Sixto. Él tiene una explicación para el asedio de Los Ardillos: no sólo están desplazando a los habitantes de la región para despejar una ruta de drogas que une La Montaña con la Autopista del Sol –que conecta hacia el centro del país y luego hacia el resto de México–. Hay algo mucho más siniestro: el crimen organizado que ya no apunta sólo hacia las drogas, sino a los recursos naturales.
“Al principio, querían Chilapa, Tula y otros municipios para mover droga, armas y hasta migrantes. Y sabíamos porque nos lo dijeron, que querían que los indígenas trabajáramos para ellos. Esa era su intención: volvernos sus esclavos, sus trabajadores baratos. Hoy, ya es otra cosa. Los Ardillos quieren nuestros territorios porque quieren poner aquí sus laboratorios de drogas. Y también quieren la madera, el agua, los minerales. Y para eso no nos necesitan, les estorbamos. Ya no nos quieren esclavos, nos quieren muertos”, narra Jesús Plácido.
Las autoridades llegaron tarde
Tras días de gritos al vacío, finalmente las autoridades entraron a La Montaña de Guerrero hasta el 12 de mayo. La tragedia que encontraron es del tamaño de su indolencia: afuera de la comisaría de Xicotlán había un cuerpo baleado; en Mezcaltepec, otro hombre asesinado a tiros; en Alcozacán, tres asesinados más. Todas las casas de Tula están dañadas: algunas ya no tienen techos por los drones explosivos; otras no tienen ventanas ni puertas, que los sicarios tiraron para robar hasta la carne en los refrigeradores. Unas 800 personas, calcula el CIPOG-Z, huyeron a iglesias y a las montañas, principalmente.
En Tula casi todos los animales murieron. Jesús Plácido me comparte, casi al final de este texto, una serie de fotografías infames: una vaca quemada viva, un caballo muerto de hambre y sed. Tirotearon a los perros y en su violencia irracional abrieron las jaulas de las gallinas para que huyeran al monte. “Por chingar, porque nos odian”, dice Mariano, también del CIPOG-EZ, quien no puede hablar de tanta rabia contenida. “¿Por qué nos odian tanto?”, pregunta Mario conteniendo el llanto en entrevista. “¿Por indígenas? ¿Por pobres? ¿Por qué nos quieren matar?”. Y se termina la nota de voz que manda desde la más reciente zona de guerra del país.
Esta noche, dice Jesús Plácido, dormirán relativamente tranquilos: el Ejército volvió con la policía estatal. Pero su sueño no es reparador. Cada par de horas despierta con una angustia que le revolotea en el pecho: ¿qué pasará la próxima vez que los militares se vayan y Los Ardillos vuelvan a intentar atacar y desplazarlos?
GSC/ATJ