El Gobierno Municipal de Matamoros alista otra controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras el refrendo de Tamaulipas a tener control de las corporaciones de seguridad pública y tránsito en la ciudad hasta el final del mandato de Francisco García Cabeza de Vaca.
Al respecto, el alcalde Mario López Hernández manifestó este miércoles su desacuerdo, al asegurar que tras el mando de las autoridades estatales sobre el personal de Tránsito y vialidad, están causando molestias a la ciudadanía en general por las multas aplicadas.
“La Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal analiza la situación legal del caso, esto, con el propósito de presentar nuevamente una controversia constitucional y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resuelva al respecto”, apuntó.
Tras este refrendo, Matamoros cuenta con 30 días para presentar la controversia constitucional, lo que, apuntó, se informará oportunamente.
Parte de la controversia
Hace un año, el gobierno del estado mediante un decreto asumió el control de la Secretaría de Seguridad Pública, con el argumento que dichos elementos en Matamoros presentaron omisiones para atender situaciones de fuerza mayor y provocar afectación grave al orden público. La autoridad local manifestó que la seguridad pública local está a cargo del estado.
Lo anterior, derivado de la firma del convenio de colaboración denominado “Mando Único”. El presidente municipal dijo que ese fue el motivo en el 2020, sin embargo “ahorita no hay alteración alguna, por eso no le vemos justificación para refrendar por un año más el decreto”.
Sobre esa situación, anunció que dialogarán con el secretario General de Gobierno César Verástegui Ostos, porque el Ayuntamiento paga la nómina de Tránsito y Vialidad, incluidas prestaciones, gastos de operación de las patrullas y la reciente entrega de equipamiento a la corporación.