Acámbaro y Jerécuaro amanecieron el 24 de octubre en medio del estruendo que dejó el estallido de dos coches bomba en zonas cercanas a los edificios de Seguridad Pública de cada municipio.
El primer ataque se suscitó en Acámbaro y, de acuerdo con los primeros reportes, dejó como saldo tres policías heridos -uno de ellos de gravedad-, así como daños materiales a casas aledañas.
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De forma casi simultánea, en Jerécuaro la detonación de otro vehículo despertó a los habitantes y dejó daños materiales en diversos edificios de los alrededores. Información difundida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato reportó saldo blanco respecto a dicha agresión.
Si bien agentes de investigación criminal ya se encuentran realizando las pesquisas correspondientes para esclarecer los hechos e identificar y capturar a los involucrados, los ataques a ambas dependencias de seguridad municipal se suman al largo historial de agresiones en contra de policías que acumula Guanajuato y que lo ha consolidado en los últimos años como el estado más letal en México para ejercer la profesión.
Los policías asesinados en México
Los policías de México se han convertido en objetivos de la delincuencia organizada. Si bien factores como el abuso de poder o la corrupción han demeritado durante años la valiente labor que desempeñan para combatir delitos y mantener un orden legal, el riesgo que corren al cumplir con sus funciones ha cobrado la vida de miles de uniformados en los últimos años.
De acuerdo con datos de Causa en Común, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el primero de diciembre de 2018 y hasta el 31 del mismo mes pero de 2023 se registraron, al menos, 2 mil 230 asesinatos policías en México.
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La constante se repitió a lo largo de 2024 pues, desde el primero de enero y hasta el 17 de octubre, la organización civil contabilizó el asesinato de 240 policías, en promedio uno cada día.
La mayoría de los casos se concentran en Guanajuato (42), Estado de México (22), Chiapas (18), Nuevo León (16), Guerrero (16), Baja California (12), Jalisco (12), Tamaulipas (12) y Michoacán (10). Las cifras reflejan la continuidad de una crisis de seguridad que no ha logrado ser contenida por las dependencias de los tres niveles de gobierno que operan en el país y que se han visto superadas por el incesable crecimiento del crimen.
¿Por qué Guanajuato encabeza cifras de policías asesinados?
A lo largo de 2023, Causa en Común logró contabilizar un total de 412 policías asesinados en el país, un 2% más que las víctimas registradas un año antes.
Aunque violentos episodios suscitados en Guerrero, Zacatecas o Michoacán acapararon gran atención mediática por su brutalidad, es Guanajuato el estado que encabezó los reportes de policías asesinados durante el año pasado con 60 casos.
Según el reporte de la organización civil, las Policías Municipales son las que más bajas por muerte registran, seguidas por las estatales y finalmente la federal.
En el caso concreto de Guanajuato, los ataques en contra de policías se han concentrado en la zona Laja - Bajío, la cual se encuentra bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que disputa el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
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En entrevista con MILENIO, el consultor en seguridad pública, David Saucedo, señaló que en la región, también conocida como el Triángulo del Huachicol, es la organización delictiva fundada por José Antonio Yépez Ortiz -alias El Marro- la que está combatiendo a corporaciones de seguridad pública.
Y es que, de acuerdo con documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados por Guacamaya Leaks y citados por el consultor, el Cártel de Santa Rosa de Lima había logrado infiltrarse en dependencias municipales y estatales de seguridad e, incluso, en la Guardia Nacional, de quienes recibían protección y apoyo para escoltar los tanques con combustible robado que salían desde la refinería de Salamanca.
Con la violenta incursión del CJNG en municipios guanajuatenses y en el llamado Corredor Industrial, la organización delictiva que actualmente encabezan miembros de la familia de El Marro se ha dado a la tarea de atacar a corporaciones de seguridad que no están alineadas con ellos.
"El Cártel de Santa Rosa sí controla algunas policías municipales en el estado de Guanajuato pero otras no. Otras están fuera de su control y es donde han lanzado una estrategia de combate, sobre todo en Celaya que es su capital económica y donde realizan actividades de secuestro, extorsión, robo de combustible y sobre todo actividades de narcomenudeo", explicó David Saucedo en entrevista con MILENIO.
De este modo, los ataques a policías que se han reportado durante 2024 en Celaya estarían relacionados al Cártel de Santa Rosa de Lima ya que, en palabras del consultor, "es de las pocas policías en Guanajuato que sí realiza esta actividad de combate al crimen organizado".
Para el combate a corporaciones de seguridad, la organización delictiva que encabezó José Antonio Yépez Ortiz ha destinado a desertores del Ejército de Colombia, así como a miembros del Grupo Escorpión del Cártel del Golfo con quienes crearon alianzas para frenar el avance del CJNG.
"Lo que tenemos en Guanajuato es realmente un panorama complejo de una organización local del crimen organizado que desea reposicionarse, obtener nuevamente el control de la región que alguna vez tuvieron bajo su dominio y que para ello están contratando soldados de élite, utilizando armas de alto poder. Me parece que esto es lo que explica la situación de alta violencia en Guanajuato en contra de los policías", apuntó David Saucedo en entrevista con MILENIO.
El desfase entre el crecimiento de la delincuencia organizada y la respuesta policial
A pesar de que el combate a la delincuencia organizada no figura dentro de las funciones que tienen como objetivo las policías municipales, múltiples son los episodios en los que los uniformados han tenido que hacerles frente.
Dicha situación ha encendido las alertas entre miembros de dependencias de seguridad al considerar que no cuentan con la capacitación y los recursos necesarios para enfrentar a grandes organizaciones que han alcanzado una sofisticación de grado militar respecto a sus tácticas y armamento.
Incluso, en una encuesta que Causa en Común realizó en 2019 a 4 mil 422 policías activos en México se constató que del total de la muestra 21% dijo nunca haber practicado su tiro con arma de fuego. En contraparte el 43% de los uniformados encuestados señaló hacerlo una o más veces al año, 23% una vez cada dos años y el 13% una vez cada tres años.
Los estados en donde menos practicaban tiro al menos hasta hace cinco años eran Campeche (49% nunca habían tirado), Tamaulipas (45%) y Zacatecas (40%).
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Mientras policías estatales y municipales no reciben en correcto adiestramiento para utilizar un arma de fuego, el tráfico de artefactos bélicos provenientes desde Estados Unidos continúa fluyendo y equipando a organizaciones delictivas que los utilizan no solo para defender sus lucrativos negocios y expandirse territorialmente sino también para combatir a corporaciones de seguridad.
El desfase se percibe también en el presupuesto asignado a policías municipales y estatales el cual, de acuerdo con el consultor David Saucedo, recibió incrementos mínimos a lo largo del sexenio pasado.
En contraparte, organizaciones macro criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloa continúan acumulando millonarias ganancias que les deja el tráfico de fentanilo, el potente opioide sintético que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Las corporaciones de seguridad enfrentan un abanico multifactorial de deficiencias cuya solución no se limita únicamente al propio actuar de sus elementos, sino que contempla modificaciones que son posibles de alcanzar únicamente con reformas estructurales.
Pese a que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo destellos de éxito, el camino por recorrer para fortalecer a las policías es largo, más aún cuando los están asesinando.
ATJ