¡Sanos y salvos! fueron las palabras con las que Jesús Ramírez Cuevas, vocero del gobierno de México, informó que fueron rescatados los 31 migrantes que habían sido sustraídos de un autobús el sábado 30 de diciembre de 2023 en Reynosa, Tamaulipas.
A través de su cuenta de "X" el funcionario público aseguró que la localización de las personas en tránsito se logró gracias a la coordinación de distintas dependencias gubernamentales como la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas, la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPYC).
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Aunque afortunadamente los 31 migrantes ya se encuentran en manos de las autoridades, el caso volvió a poner sobre la mesa el peligro que día tras día enfrentan miles de personas que tienen la intención de alcanzar el tan anhelado “Sueño Americano”. Una travesía que no solo vulnera sus derechos humanos sino que también pone en riesgo su propia vida.
Si bien el fenómeno migratorio lleva siendo durante décadas un problema que enfrentan en común México y Estados Unidos, son pocas las acciones que se han puesto en marcha para garantizar la seguridad de las personas en tránsito en ambos lados de la frontera.
Y es que, las políticas impulsadas por los gobiernos de ambos países se han limitado únicamente a “regular” el flujo migratorio a través de trámites burocráticos que, en la mayoría de las ocasiones, abandonan a su suerte a los migrantes.
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Con una debilidad institucional para gestionar la llegada y tránsito de personas extranjeras en México, organizaciones delictivas llevan años viendo en los migrantes un lucrativo negocio que les deja grandes ganancias al ofrecerles la oportunidad de cruzar sin ningún tipo de percance la frontera.
No obstante y más allá del ilícito negocio de tráfico de personas, drogas y armas, las actividades delictivas de grandes cárteles se han diversificado y han convertido a los migrantes en objetivo de delitos que van desde el reclutamiento forzado, extorsiones o secuestros.
Los secuestros masivos de migrantes
El pasado sábado 30 de diciembre de 2023, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que un autobús fue detenido por sujetos armados, quienes amagaron a los pasajeros y los obligaron a descender de la unidad.
En un inicio el autobús partió desde Monterrey en el estado de Nuevo León, sin embargo, los hechos ocurrieron en la carretera que conecta Reynosa con Matamoros. Abordo del camión viajaban 36 personas, de los cuales algunos eran mexicanos y el resto de distintas nacionalidades.
Autoridades estatales de Tamaulipas aseguraron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, además de que confirmaron que 31 de los pasajeros fueron privados de la libertad, por lo que también se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM).
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El plagio de las 31 personas encendió las alertas en estados fronterizos, no obstante, se suma al listado de al menos otros cuatro casos que ocurrieron en condiciones similares tan solo entre 2019 y 2023.
El más reciente ocurrió en octubre de 2023 cuando un comando armado detuvo en el municipio de Cuencamé, Durango un autobús de pasajeros que se dirigía a Chihuahua. En la unidad los sujetos armados identificaron a siete ciudadanos venezolanos, a quienes secuestraron y cuyo paradero se desconoce hasta el momento en el que se escribe esta nota.
San Luis Potosí también fue escenario de al menos dos secuestros masivos de migrantes ocurridos en 2023. El primero ocurrió en abril cuando, derivado de la búsqueda de viajeros que salieron de Guanajuato, autoridades estatales lograron rescatar a más de un centenar de personas en tránsito de origen centroamericano que habían sido privados de la libertad.
En aquella ocasión el vocero de seguridad de San Luis Potosí, Miguel Gallegos, confirmó el rescate de las personas en tránsito y reconoció la participación de un grupo delictivo que opera en distintas redes carreteras de la entidad.
Tan solo un mes después en el mismo estado se reportó la desaparición de cincuenta migrantes y dos choferes de autobús que tenían como destino Nuevo León. La unidad fue abandonada en el municipio de Galeana y tras las investigaciones desplegadas se logró la localización de nueve personas originarias de Venezuela y Honduras.
Otro de los casos que generó gran revuelo mediático se suscitó en marzo de 2019 cuando 19 migrantes fueron bajados por la fuerza y secuestrados de un un autobús que circulaba por la carretera Reynosa - San Fernando, nuevamente en el estado de Tamaulipas.
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En la unidad viajaban 41 personas, sin embargo, únicamente lograron llegar 22 a su destino. A casi cinco años de lo ocurrido y a pesar de que la FGR confirmó su participación en las investigaciones, el paradero de los migrantes secuestrados aquella tarde permanece como desconocido.
Aunque desafortunadamente la desaparición y secuestro de migrantes es un fenómeno concurrente en estados del centro-norte de México, los secuestros masivos suelen adquirir gran atención mediática por sus dimensiones pero también porque avivan el dolor que dejó uno de los episodios más oscuros de la historia de México ocurrido en 2010, cuando integrantes del grupo delictivo Los Zetas asesinaron a 72 personas en tránsito en San Fernando, quienes eran principalmente centro y suramericanos.
El origen y modus operandi
A lo largo de décadas administraciones republicanas y demócratas de Estados Unidos han impulsado múltiples iniciativas para frenar la migración, las cuales representaron una serie de trabas para que personas en tránsito ingresaran y se establecieran de forma legal en su territorio.
De acuerdo con un análisis realizado por InSight Crime en junio de 2023, dichas políticas han tenido múltiples consecuencias negativas, entre las que destaca el fortalecimiento de organizaciones delictivas que operan en la frontera norte de México.
"Las políticas de prevención mediante la disuasión implementadas por el gobierno de Estados Unidos han creado un mercado negro de tráfico de personas cada vez más lucrativo. Las redes criminales transnacionales han asumido un mayor control sobre este tipo de tráfico", se lee en una parte del análisis de la fundación dedicada al estudio y la investigación de amenazas para la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe.
Políticas como los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) o el polémico Título 42 provocaron una aglomeración en puertos de entrada o en zonas intermedias en donde las y los migrantes esperan en albergues una resolución a sus trámites.
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La investigación realizada por InSight Crime apuntó que la delincuencia organizada cuenta con centinelas que vigilan los centros de refugiados para identificar a posibles clientes, además de que llegan a cobrar hasta 100 dólares por migrante para pasar por los corredores que controlan.
"Algunos se aprovecharon aún más y crearon divisiones especializadas en el secuestro extorsivo de migrantes [...] en Reynosa el Cartel del Golfo había comenzado a tomar migrantes cautivos en masa", se lee en un artículo publicado por InSight Crime.
Datos citados por la organización obtenidos de la Base de Riesgo Migratorio de América Central (CAMRD, por sus siglas en inglés) señalan que a lo largo de su travesía los migrantes se enfrentan a tres tipos de actores criminales: delincuentes locales, pandillas y organizaciones delictivas transnacionales.
Son delitos como agresiones sexuales, robo, extorsión o asaltos en los que suelen incurrir las células delictivas locales, en tanto que organizaciones más sofisticadas -como el Cártel del Golfo o Los Zetas- son los encargados de cobrar a los migrantes para permitirles el paso, secuestrarlos y dirigir las redes de tráfico.
La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) apuntó que en el periodo 2016-2019 los migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica, es decir de Guatemala, Honduras y El Salvador- se consolidaron como el grupo originario más afectado en términos de incidencia delictiva.
Adicionalmente la dependencia señaló el robo como delito más recurrente del que son víctimas los migrantes, seguido por el tráfico de personas y el secuestro.
InSight Crime coincide con dichas estadísticas al indicar que, de acuerdo con el informe de la Base de Datos de Riesgo Migratorio de América Central, es el secuestro el delito más lucrativo que se comete en agravio de las y los migrantes.
"Es realizado sobre todo por organizaciones criminales transnacionales. Gracias al secuestro, los grupos del crimen organizado pueden ganar unos 5 mil 165 dólares por migrante y hasta 20.5 millones de dólares al año", detalla la organización civil en una de sus entregas.
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Asimismo, señala InSight Crime, se ha señalado que tanto el Instituto Nacional de Migración (INM) como sectores de la policía local y federal han sido vinculados al secuestro y extorsión de migrantes.
Diversas investigaciones periodísticas también han documentado los sofisticados métodos con los que los cárteles buscan "enganchar" a migrantes, ofreciéndoles servicios de transporte y cruce de la frontera a través de los llamados "coyotes". Para ello hacen uso de redes sociales como Tik Tok o Facebook.
Otro de los métodos identificado en Tamaulipas señala a una red de taxistas que ofrecen tarifas por debajo del promedio para, de este modo, conseguir que los migrantes aborden sus vehículos y posteriormente entregarlos a grupos de la delincuencia organizada que los secuestran o extorsionan para regresarles su libertad.
Migrantes y el lucrativo negocio de los cárteles
A lo largo de décadas, los estados mexicanos que limitan con Estados Unidos han sido territorio de disputa para distintas organizaciones delictivas que se dedican al tráfico de drogas, armas y migrantes.
Pese a las declaraciones de autoridades estatales y federales, lo cierto es que nada de lo que pasa en la frontera pasa desapercibido para los grupos criminales que controlan las respectivas plazas.
Hasta junio de 2023, de acuerdo con InSigth Crime existían al menos siete cárteles vigilando y operando a lo largo de los más de 3 mil kilómetros de territorio que separan a México de Estados Unidos.
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En el estado de Baja California son facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los que se disputan el control del tráfico de personas.
Además de las organizaciones delictivas mencionadas, en Sonora también opera el Cártel de Caborca, un creciente grupo delictivo que habría fundado Rafael Caro Quintero para hacerle frente a Los Chapitos y recuperar rutas migratorias y de trasiego de drogas.
En lo que refiere a Chihuahua, además del cártel de las cuatro letras y el de Sinaloa es también el antiguo Cártel de Juárez y sus múltiples facciones quienes reclaman el control de la plaza.
Para Coahuila su zona fronteriza es disputada por la organización delictiva que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes -El Mencho- y el Cártel del Noreste que se ha consolidado como una de las escisiones más fuertes y peligrosas que surgió a partir de Los Zetas.
El Cártel del Noreste tiene también presencia en Nuevo León y Tamaulipas, en donde buscan arrebatarle el lucrativo negocio al Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo y diversas facciones de Los Zetas.
Por su ubicación geográfica, los estados que limitan con el país de las barras y las estrellas parecieran estar condenados a vivir la violencia que organizaciones delictivas perpetran con el objetivo de controlar las principales rutas de acceso, no obstante y en gran medida, son los migrantes que buscan una mejor calidad de vida en Estados Unidos quienes han pagado las más fatídicas consecuencias.
ATJ