Al menos 10 mil de los 40 mil elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) serán los protagonistas de la próxima crisis policial al quedarse sin empleo, como consecuencia de la desaparición de la Policía Federal y la estrategia presidencial de ya no contratar servicios de seguridad externos para el resguardo de los inmuebles federales y utilizar para ello el Servicio de Protección Federal (SPF).
Además del anuncio de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de abrir 40 mil plazas para este órgano desconcentrado de la SSPC, ya en los primeros días de enero fueron desplegados casi 200 elementos de este servicio en 35 instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México y durante los primeros meses de 2020 se irán cerrando los contratos que Cusaem tenía firmados con el gobierno federal.
Ya se cuentan alrededor de mil elementos que entre los últimos meses de 2019 y los primeros días 2020 se han quedado sin empleo al haberse cerrado los contratos con dependencias como Cofepris. Los que aun laboran en este cuerpo no han renovado su póliza de seguro de vida desde hace 2 o más años, no cuentan ya con chalecos ni armas servibles.
“Esto va a repercutir gravemente en el empleo de Cusaem, porque el Servicio de Protección Federal va a cubrir todos los servicios del gobierno que actualmente cubre esta corporación, habrá pérdida de muchos empleos. A todo ello se le suma la falta de transparencia, la opacidad en la que se ha manejado históricamente esta corporación.
“Aunque se maneja como empresa privada utiliza armamento del Gobierno del estado de México, entidad que, además, le brinda servicio médico en el Issemym (Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios)”, explicó en entrevista el abogado Iván Chávez quien representa a algunos de estos policías.
“Actualmente se brinda servicio de seguridad a 80 por ciento de los inmuebles federales de todo el país, es decir casi 3 mil de ellos, algunos de los inmuebles resguardados por ellos son de Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), Conagua (Comisión Nacional del Agua), CFE (Comisión Federal de Electricidad), SAT (Servicio de Administración Tributaria), DIF (Sistema de Desarrollo Integral para la Familia) a nivel nacional, oficinas, hospitales y guarderías del ISSSTE, algunas judicaturas, entre otros”, dice Javier Cruz Vega, uno de los elementos que aunque fue separado del empleo no ha sido liquidado y tampoco ha recibido sus documentos oficiales.
La diputada Liliana Gollas, presidenta de la comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso del Estado de México realiza un diagnóstico de esta empresa que, sobre todo dice ha laborado en la opacidad violando los derechos laborales y humanos de sus empleados.
Por ejemplo, sin ser una dependencia estatal, sus empleados reciben servicio de salud a través del ISSEMyM. Sin embargo los adeudos con este instituto, por cuotas de seguridad social ascienden a 771 millones de pesos; es decir 22 por ciento de todas las deudas que tienen al ISSEMyM en crisis.
“Son jornadas de 24 por 24 por 2 mil o 4 mil pesos a la quincena más horas extras y muchos compañeros no tienen ningún tipo de servicio médico en realidad no estamos en condiciones de prestar un buen servicio así", dice Gabriel, un hombre de casi 60 años que a pesar de los 7 años de servicio para Cusaem, su Afore está en ceros.
No ha habido respuesta a la solicitud de estos miles de elementos de seguridad de que Cusaem se convierta en cuerpo de la Secretaría de Seguridad del estado de México, por ahora sólo fue nombrado Francisco Garduño Gómez ex alcalde de Tenango del Valle, ante la renuncia de José Manuel Álvarez González, con quien solicitan una reunión para abordar la crisis de esta corporación.
bgpa