Con menos de mil pesos en la cartera, cualquier persona puede adquirir prendas similares a las que ocupan corporaciones de seguridad en el estado y utilizarlas para cometer ilícitos.
Para la compra de estos uniformes no se necesitan contactos o acudir a lugares escondidos; en locales o en el mercado informal, por menos de mil pesos, una persona puede parecer integrante de cualquier corporación policíaca. Pese a ello, no existe una legislación que prohíba la venta de estos artículos a civiles.
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El especialista en seguridad, Jorge Ricaño, explicó que es viable que sean las autoridades quienes regulen este tipo de establecimientos con el fin de evitar riesgos para la población como ya ha ocurrido en los que civiles cometen ilícitos con uniformes de alguna de las corporaciones de seguridad.
"No está regulado, pero puede hacerse como con los medicamentos, que esté administrado por alguien facultado. En este caso sería la Secretaría de Seguridad Pública quien debería considerar una regulación para la venta de esos equipos tácticos y uniformes al público".
Aunque son innumerables los delitos que se pueden cometer con uniformes policiales, la ley no los contempla como un delito grave, explica Ricaño, pues las sanciones son de tres a cinco años, lo que permite a los infractores su libertad con el pago de una fianza en la mayoría de los casos.
Las sanciones son para quienes utilicen los uniformes falsos y similares que pertenecen a una corporación policíaca, pero existe un vacío legal, pues para quienes los venden no hay sanciones y no se tiene un padrón de quienes se dedican a esta actividad.
Los lugares donde se comercializan estos artículos sin reglamentación proliferaron después de la pandemia, con el aumento de la venta de productos chinos. Esto afecta a quienes operan en establecimientos regulados y bajo estrictos controles de seguridad.
Maribel Aragón es propietaria de uno de los negocios de venta de artículos militares y policiales más antiguos en Puebla y recuerda que en la junta auxiliar de Zaragoza eran pocos los negocios de ese giro, pero después de la pandemia proliferaron.
Pese a la competencia, en su negocio mantiene las medidas de seguridad para evitar que los artículos caigan en manos de la delincuencia:
"Nosotros lo que pedimos son sus credenciales activas de la corporación donde están laborando y todo lo que es heráldica, todo lo que es oficial. Se les pide la credencial. A los federales les solicitamos una copia de su credencial para mandar hacer su charola, porque a nosotros nos la pide la persona que las fabrica por cualquier detalle, ya que vienen con un número".
Incluso, en la adquisición de artículos de defensa personal se debe considerar que las autoridades tienen regulaciones específicas. Comprar en lugares no establecidos puede llevar a cometer una falta, como el uso de un taser (maquinas de descargas eléctricas) o gas pimienta.
Arturo Mosqueda, propietario de un negocio de artículos militares, otro de los más antiguos, explica que mantienen contacto con las autoridades para ofrecer al público artículos que no infrinjan la ley.
"Hace unos días nos hicieron favor de dar una capacitación al personal femenino de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Ahí se tocó el tema del gas, lo que está prohibido es el gas con algún químico que pueda afectar la visión; en cambio, los que son a base de chile o pimienta no presentan problema".
En el caso de los taser, las descargas no deben superar los 50 mil miliamperios ya que un voltaje mayor puede causar daños graves a la salud a quien la reciba y puede generar acusaciones penales a quien lo utiliza.
Pese a los riesgos sociales que implica la venta de estos artículos así como de uniformes policiales, los operativos contra el comercio ilegal son casi inexistentes.
CHM