A un año de la entrada en vigor del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), mediante el cual Estados Unidos envía a México a los solicitantes de asilo para que esperen en nuestro país la resolución de su trámite migratorio, el gobierno federal reconoció haber recibido aproximadamente 46 mil centroamericanos.
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Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han acreditado, con los propios datos oficiales, que la cifra supera 62 mil, de 20 nacionalidades, de los cuales solo 187 han logrado ganar sus casos en las cortes migratorias estadunidenses, es decir, 0.3 por ciento.
Pero la devolución se ha realizado en algunos de los lugares con los mayores índices de violencia en el país y donde las capacidades institucionales nunca estuvieron preparadas para garantizar los derechos fundamentales de los migrantes que hoy enfrentan indigencia, violencia e inseguridad.
“No deja de sorprender que ante el propio reconocimiento de las autoridades de que estos lugares son tremendamente violentos, igual aceptan ser un país anfitrión de personas cuyos derechos humanos son violados”, dijo Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.
Humans Rights First incluso documento 816 casos de migrantes que han sido víctimas de un catálogo variado de violencia, que van desde secuestros, robo, violaciones, explotación laboral y sexual, hasta la pérdida de la vida.
Un ejemplo fue el de Gisela, una joven hondureña de 28 años, quien fue devuelta a través de la garita de Ciudad Juárez, donde al salir de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) fue secuestrada para ser una esclava sexual.
La directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Gretchen Kuhner, alertó sobre los efectos que este programa tiene en las familias migrantes que hoy deciden enviar a sus hijos solos a solicitar asilo a Estados Unidos, ya que hasta ahora solamente los menores no acompañados son los únicos que no están siendo sometidos a estas devoluciones.
Kuhner refirió que hasta ahora han identificado que solo 4 por ciento de la gente que ha sido devuelta al país ha tenido acceso a representación legal en Estados Unidos, por lo que las esperanzas de que la gente obtenga la protección que busca son muy escasas.
Frente a ello, consideró fundamental que México construya una política nacional de refugio para acoger a todas estas personas que huyen de situaciones de violencia en sus países de origen y no solo de falta de trabajo.
“Estamos ante una situación de crisis, decir lo contrario es no entender a las víctimas, lo que enfrentan en México cuando son devueltos y las causas por las que han salido de sus países”, sentenció.
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ASEGURAN A GRUPO DE 292 EN CHIAPAS
Elementos de la Fiscalía del estado realizaban patrullajes preventivos en el tramo Libramiento Sur, en la cabecera municipal de Berriozábal, cuando detectaron dos tractocamiones sospechosos en los que viajaban 292 migrantes en condiciones de hacinamiento.