El gobierno federal dará todas las garantías para el desarrollo libre, pacífico y ordenado del proceso electoral 2024, además de ofrecer máxima seguridad y protección a los candidatos a cargos de elección popular.
Así lo afirmó la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y anticipó asimismo el respeto absoluto del Ejecutivo a la voluntad del pueblo, con la responsabilidad histórica de demostrar que se ha desterrado para siempre el autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado.
Al comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados para la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Alcalde sostuvo que en México existe hoy tranquilidad y gobernabilidad, porque hay respeto a la democracia.
“En ese sentido y de cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que este se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto: cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo”, puntualizó.
En su intervención inicial ante los legisladores, la responsable de la política interna sostuvo que la Secretaría de Gobernación “ya no es ese aparato siniestro que, en aras de la gobernabilidad, reprimía a la disidencia, desarticulaba la crítica, espiaba a la oposición y daba líneas a los demás órganos y poderes del Estado”.
Según dijo, la dependencia a su cargo es hoy la instancia responsable de garantizar los derechos humanos y las libertades, de proteger, de tutelar por las víctimas y promover una cultura de paz y de diálogo para encontrar soluciones.
“Hoy la gobernabilidad la logramos, porque hay condiciones de bienestar social y laboral, como nunca en programas para el bienestar”, insistió.
Alcalde se refirió al segundo informe de la llamada Comisión de la Verdad sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
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“Debo destacar que la comisión no ha torturado, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen, ni ha fabricado culpables. Al contrario, ha actuado con ética y humanismo, atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 y garantizando el derecho que tenemos como sociedad a conocer la verdad de estos hechos vergonzosos”, remarcó.
Subrayó que hasta el momento han sido detenidas por esos hechos 132 personas: 41 integrantes de la delincuencia organizada; 71 policías federales, estatales y municipales; tres altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluido el ex procurador Jesús Murillo; 14 elementos del Ejército, incluidos los comandantes del 27 y 41 Batallón de Infantería, entre otros.