El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de ley de protección del espacio aéreo mexicano para garantizar el dominio pleno del Estado sobre dicho espacio, inhibiendo las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
En la fundamentación de su proyecto, el mandatario alertó sobre los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
“El más grave riesgo que esta situación genera es la posibilidad de una colisión entre un vuelo que incurre en el uso ilícito del espacio aéreo y un vuelo comercial, (pues) los vuelos ilícitos, lejos de presentar una ruta previa a la autoridad aeroportuaria, hacen lo posible para evitar su localización, por lo que pueden invadir las rutas de aviones comerciales o privados”, advirtió.
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Tan sólo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021 se registraron 720 alertamientos aéreos provocados por aeronaves que no se ajustaron a la reglamentación.
Actualmente están bajo observación 281 pilotos, 274 aeronaves y 26 empresas por anomalías de funcionamiento u operación, como vuelos clandestinos, falta de mantenimiento y tripulaciones sin calificación para pilotear.
La iniciativa prevé por ello la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo sería la coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para inhibir de contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Dicha instancia estaría integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, la Agencia Federal de Aviación Civil, Servicios a la Navegación Aéreas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Gobernación.
A su vez, el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operaría como instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, presidido por el titular del Ejecutivo.
La nueva ley define, asimismo, el proceso de interceptación de aérea, en caso de que se detecte un vuelo no autorizado o clandestino, hasta que abandone el espacio aéreo mexicano o aterrice en territorio nacional.
EHR