El presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó entre el 14 de marzo de 2019 y el 24 de enero de 2024 un total de 23 reformas a la Constitución con modificaciones a 62 artículos, mientras el Congreso desechó en ese lapso solo dos iniciativas del Ejecutivo para enmendar la Carta Magna, aunque ambas emblemáticas para la llamada cuarta transformación: la reforma eléctrica y la reforma electoral.
Con dichos antecedentes y en el marco del 107 aniversario de la Constitución de 1917, el mandatario se alista a presentar el próximo 5 de febrero un gran paquete de reformas constitucionales, pero sin contar con la mayoría calificada de dos terceras partes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para su aprobación.
En el Palacio de San Lázaro, los grupos parlamentarios del oficialismo (Morena, PVEM y PT) suman 273 de 500 diputados y requieren al menos 61 votos de la oposición (PAN, PRI, MC y PRD) para avalar las reformas anunciadas por López Obrador.
En la Cámara de Senadores, el bloque Morena-PVEM-PT-PES cuenta con 73 de 128 escaños y necesita un mínimo de 13 votos de las bancadas opositoras para alcanzar la mayoría de dos tercios.
Rebasa AMLO a Salinas
Al cumplir 107 años, la Constitución Política acumula 256 reformas con 770 cambios a sus artículos.
De acuerdo con el historial de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, el presidente López Obrador rebasó con sus 23 decretos de reforma constitucional a los ex mandatarios Carlos Salinas, con 15; Vicente Fox, con 17, y Ernesto Zedillo, con 18.
Sin embargo, los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña mantienen la delantera hasta hoy, con 38 y 28, respectivamente.
Entre las más destacadas reformas de la cuarta transformación encabezada por López Obrador se enlista la creación de la Guardia Nacional, así como la elevación a rango constitucional de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, además de las becas para estudiantes.
Promovió asimismo la figura de revocación de mandato y modificaciones al fuero constitucional, a fin de que el mandatario en turno pueda ser procesado, imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
El titular del Ejecutivo cumplió la advertencia de derogar la reforma educativa del ex presidente Enrique Peña Nieto e impulsar la aprobación de una nueva, ya sin los mecanismos de evaluación que Morena y la CNTE calificaron de “punitivos”.
Destaca también la reforma al artículo 28 constitucional para prohibir las condonaciones de impuestos.
AMLO, 72.5% de efectividad
Con mayoría absoluta en el Congreso desde el comienzo de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado la aprobación de 58 de sus 80 iniciativas, es decir, 72.5 por ciento del total.
No obstante, según el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Enrique Peña y Felipe Calderón tuvieron una mayor efectividad.
Peña obtuvo la aprobación de 79.84 de sus iniciativas y Calderón consiguió el aval para 79.55 de sus propuestas.
Con 74.70 por ciento de sus proyectos de reformas aprobados por el Congreso de la Unión, el ex presidente Vicente Fox se mantiene rezagado en esa comparación.
Acciones de inconstitucionalidad
Además de sus votos para impedir la mayoría calificada, los grupos parlamentarios de la oposición han recurrido a lo largo del sexenio a 26 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para frenar decretos, leyes y ordenamientos impuestos por Morena y sus aliados.
De todos esos recursos se mantienen pendientes de resolver alrededor de 14 en distintas materias.
Entre los asuntos impugnados sobresalen la desaparición de fideicomisos, la Ley de Austeridad Republicana, la Ley de Industria Eléctrica y el Plan B en materia electoral.
Destacan también las acciones contra la ampliación de las tareas de la Guardia Nacional en seguridad pública hasta 2028, así como las reformas en materia de revocación de mandato y austeridad republicana.
Senadores de oposición solicitaron asimismo a la Suprema Corte invalidar las reformas a la Ley Minera que declaran al litio patrimonio de la nación.
Otras de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por el bloque de contención son contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, abrogación de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, Ley Federal del Derecho de Autor, adición de un párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público., Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Ley de Puertos.
Además, contra la Ley General de Partidos Políticos, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación sobre la prohibición a la importación de todo tipo de cigarros electrónicos o vapeadores, además de la Ley de Disciplina Financiera.
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