El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma en materia de simplificación orgánica que, entre otros aspectos, prevé la fusión, integración y extinción de 18 órganos desconcentrados, descentralizados, fideicomisos y unidades administrativas.
De ser aprobado el proyecto del Ejecutivo, las funciones de dichos organismos serían absorbidas por diversas secretarías e instituciones del gobierno federal.
Según la exposición de la iniciativa presidencial, la reforma tiene el propósito de racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales de manera adecuada.
Destaca la eliminación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fideicomiso de Fomento Minero.
A su vez, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el Instituto Nacional de Pesca, el Servicio de Información Agroalimentaria, la Dirección General de Educación Indígena y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se convertiría en unidades administrativas de diversas secretarías e institutos.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Economía Social, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia pasarían igualmente a ser unidades administrativas de otras dependencias federales.
El presidente López Obrador sostuvo que la reorganización propuesta permitirá eliminar la dispersión de recursos públicos y dirigirlos al cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, consistentes en satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional.
“Se busca que el aparato burocrático de la nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, fundamentalmente a la educación de los derechos humanos, además de garantizar la seguridad ciudadana, la cultura y las comunicaciones, entre otras prioridades nacionales”, subrayó.
La iniciativa establece que la concentración de funciones de los órganos de la Administración Pública Federal, además de optimizar recursos y facultades, permitirá formular e implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad.
Consulta aquí la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
JLMR