La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación por el caso de tres elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), quienes dispararon contra dos migrantes que posteriormente murieron, mientras viajaban a bordo del tren La Bestia, e hirieron a dos personas más; además de amenazar a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante.
La recomendación es para el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; para el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez; y para los fiscales generales de Guanajuato y Querétaro, Carlos Zamarripa Aguirre; y Alejandro Echeverría Cornejo, respectivamente, por violentar el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración.
En su investigación, la CNDH acreditó que el empleo arbitrario de la fuerza pública por guardias, que pertenecían a la entonces Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, vulneró el derecho a la vida de los dos migrantes, que fallecieron por proyectil de arma de fuego, además de que se afectó la integridad física de otras dos personas.
El 23 de septiembre de 2015, el representante de la asociación civil Estancia del Migrante presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, en la que se refirió que elementos de los CUSAEM utilizaron sus armas para amenazarlo a él y a sus compañeros mientras se encontraban brindándole alimentos a los centroamericanos que viajaban en el tren.
Esa institución también documentó que dos titulares de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México autorizaron en 2015, de forma indebida, la entrega de armas a los elementos de CUSAEM, a pesar de que estos no estaban dentro de la nómina del gobierno estatal
También se probó que cinco Agentes del Ministerio Público adscritos a la Procuraduría de Tlaxcala, otros dos a la Fiscalía de Querétaro y cuatro más a la Fiscalía de Guanajuato, encargados del trámite de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, actas circunstanciadas y actas de hechos, al igual que otros cuya identidad está pendiente determinar, violentaron el derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas que denunciaron los delitos atribuibles a elementos de seguridad.
AA