La Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) urgió a conformar una política integral que atienda las causas estructurales de la violencia y la impunidad, a través del acceso a la justicia y el derecho a la verdad, a fin de garantizar la tranquilidad y la reparación del daño a las víctimas, así como la no repetición de los hechos.
El presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, resaltó las irregularidades más frecuentes en las tareas de procuración, administración de justicia y seguridad pública.
Estas irregularidades son los tiempos prolongados sin actuación ministerial, el abuso de autoridad, la omisión en la práctica de las diligencias necesarias para la integración de la investigación ministerial, la práctica ilegal de cateos, la detención arbitraria y la retención indebida.
A ello, dijo, se suma la falta de plena autonomía de las procuradurías y fiscalías de justicia, la debilidad de sus servicios profesionales de carrera y la estructura heterogénea de cada instancia de procuración de justicia, "donde la limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se cometan violaciones a los derechos humanos".
"Casos como el de Ayotzinapa ponen en evidencia la fragilidad de nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia y de nuestras instituciones en ese ámbito. Las consecuencias que tienen las fallas, omisiones o conductas indebidas de la autoridad, en la posibilidad de que las víctimas de delitos y abusos de poder puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación a la que tienen derecho", planteó González Pérez.
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Durante la presentación del estudio sobre el Cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, el ombudsman dijo que de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio nacional en la resolución de carpetas de investigación 2019, alcanza sólo el 19.4 por ciento.
Mientras que la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito denunciado y resuelto efectivamente es de 1.3 por ciento; sin embargo, en Guerrero es de 0.02 por ciento, lo que significa que sólo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer; seguido de Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas, donde es menor al 0.06 por ciento.
Destacó que datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indican que en promedio existen 8.2 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes en el país, a pesar de que las diferencias por entidad federativa son significativas, pues en Puebla se encuentran disponibles 2.8 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes y en Chihuahua 25.1.
En tanto, el presupuesto de las procuradurías y fiscalías también presenta variaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México se destinan 740.57 pesos en promedio por persona; en Chihuahua y Nuevo León 600 pesos; en Guerrero 244 pesos; en el Estado de México 218 pesos; en Veracruz 175 pesos y en Tlaxcala 106 pesos.
En ese sentido, el presidente de la CNDH consideró que es necesario fortalecer y consolidar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), privilegiar la prevención del delito; impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos; garantizar las reglas del debido proceso y la reparación integral de las víctimas.
"México requiere de una auténtica Política Criminal y de una Política Nacional de Reparación Integral que tome en consideración a las personas, en particular a las víctimas, y que busque esquemas para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y el rescate de comunidades por el camino del respeto de la legalidad democrática", apuntó.
Puntualizó que ante la grave problemática existente en materia de procuración y administración de justicia en el país.
El estudio recomienda adoptar procesos restaurativos y que el delito repare, en lo posible, el daño sufrido por la víctima y que el mecanismo de sanción permita que las personas responsables de la comisión de delitos comprendan que su conducta generó consecuencias reales para la víctima y la comunidad.
Asimismo, las víctimas deben tener la oportunidad de expresar sus necesidades, su participación para determinar la mejor manera en que las personas responsables reparen el daño causado, y que la comunidad asuma su responsabilidad para contribuir en el proceso.
dmr