Con 29 votos de Morena, PVEM y PT a favor, y 11 de PAN, PRI y MC en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la nueva reforma al Poder Judicial para aplazar la próxima elección de jueces y magistrados de 2027 a 2028, y, en su caso, realizarla en forma concurrente con la consulta de revocación del mandato presidencial.
Prevé asimismo la creación de la comisión coordinadora de los comités de evaluación de candidatos a juzgadores para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los participantes, así como establecer metodologías homologadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes de conocimiento.
Entre otros aspectos, plantea también la reducción del número de candidatos a jueces y magistrados mediante la selección de las cuatro personas mejor evaluadas, observando la paridad de género, y un ajuste posterior mediante insaculación o tómbola para dejar solo dos postulaciones para cada cargo o especialidad a elección.
El proyecto será discutido esta misma tarde en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados.
Durante la discusión y al fijar posición a favor del dictamen, la legisladora petista Lilia Aguilar defendió la nueva reforma y respondió a los cuestionamientos de los opositores por la presunta protección del oficialismo al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado por Estados Unidos de Vinculación con el narcotráfico.
“La diferencia entre nosotros y ustedes es que nosotros no estamos defendiendo a Rocha, como ustedes están defendiendo a la gobernadora de Chihuahua, que además en una gira de medios nacionales ha venido a declarar sus delitos de traición a la patria; entonces, ustedes tan 'Alito' y tan Maru, y nosotros tan Claudia Sheinbaum. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros”, remarcó.
Por el PAN, el diputado Fernando Torres llamó a corregir la reforma judicial, no solo con un cambio de fecha, sino con una modificación estructural y profunda para evitar que “una Corte de chocolate elegida por acordeones”.
“Y sí, nosotros tan calderonistas y ustedes tan narcopolíticos”, reviró a Aguilar.
A nombre del PRI, el diputado Erubiel Alonso descalificó la reforma y acusó a los representantes oficialistas de “huachicoleros legislativos”.
“Estamos exactamente como este régimen le gusta, en un huachicol legislativo, en un contrabando legal. Como decimos allá en la colonia, en el barrio, están haciendo chanchullo a la gente. Como dicen muchos comerciantes, están dando fayuca, están vendiendo una solución que es defectuosa y ahora les entendemos”, dijo.
En representación de MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu sostuvo que el dictamen es claramente el reconocimiento de que la reforma judicial aprobada hace menos de dos años es defectuosa e inviable, además de un golpe al Estado de derecho, a la división de poderes y al compromiso democrático.
“Les dijimos que someter a elección popular los cargos del Poder Judicial destruiría la independencia que debe caracterizar a quienes imparten justicia, que convertir a jueces magistrados e incluso a los ministros en candidatos los haría dependientes del poder económico, del poder político, incluso del poder criminal”, puntualizó.
IYC