Hasta el momento la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la entidad no ha registrado quejas o denuncias formales en contra de alguna empresa o patrón por la falta de pago de salarios, derivado del cierre de los centros laborales con actividades no esenciales, tras la emisión de emergencia sanitaria en el país por el Coronavirus.
De acuerdo con su titular, Miguel Ángel Terrón Mendoza, existe mucha preocupación del personal que no es mayor de 60 años, que no está dentro de algún grupo vulnerable o padecen alguna enfermedad crónica, sobre si deben seguir laborando o bien conciliando el sueldo que les deben de pagar en caso de que suspendan sus actividades.
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“No es obligatorio en este momento, el que lleguemos al salario mínimo que marca la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 429; sin embargo, si puede haber una conciliación entre este grupo de personas, que no estén en los rubros señalados, de disminuir su salario; es decir, si la empresa y el trabajador acuerdo que les paguen 70 por ciento de su sueldo, no hay problema”.
Si bien la emergencia sanitaria entró en vigor el 1 de abril, será hasta que se dicte la contingencia sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General (CSG) cuando las empresas estén obligadas a pagar hasta un salario mínimo al mes, aproximadamente 3 mil 670 pesos a sus empleados.
De acuerdo con el último decreto que expidió el Consejo de Salubridad General, explicó, se ampliará el plazo hasta el 30 de abril y después, en el primer día hábil, el 1 de mayo o el que se determine, las personas tienen 60 días para acudir ante la Procuraduría para que elaboren su demanda y presenten la denuncia ante la Junta Local para que les sean restituidos los derechos que les hayan sido vulnerados como el no pago o el despido injustificado.
“La idea es que obtengan una indemnización constitucional equivalente a 90 días de salario, más 12 días por cada año de antigüedad”.
En el caso de los servidores públicos, ya sean del gobierno estatal, ayuntamientos u organismos autónomos, añadió, se ha acatado la instrucción de cesar las actividades, aunque solo permanece en las calles el personal esencial que cubre las áreas de seguridad pública, protección civil, emergencias y salud. “No existe un caso hasta la fecha de reducción de salarios, entendemos que les están depositando sus pagos cada quincena”.
Asimismo, refirió que en breve la Secretaría emitirá un addendum al acuerdo que se emitió el pasado 18 de marzo para tener guardias en sus instalaciones y estar en posibilidades, en conjunto con los inspectores laborales de la Dirección General de Empleo y Política Laboral, de emitir los convenios que soliciten las empresas locales.
“Por ejemplo, aquellas que tengan ver con el ámbito de la construcción, cafeterías, tal vez negocios pequeños o departamentales que tienen funciones no esenciales, estaremos atentos para que haya días laborables en las Juntas Locales y podamos hacer los convenios en los que se modifiquen las condiciones laborales”.
MMCF