A dos meses de que diputados del PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato presentaron un exhorto al gobernador para que se desapareciera el fideicomiso del Fidesseg del cual reciben financiamiento organizaciones de la sociedad civil y de que este a su vez solicitara a los diputados organizar mesas de trabajo con las asociaciones civiles para mejorar sin desaparecer, los legisladores hicieron oídos sordos.
Como respuesta a la falta de certidumbre, organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) han convocado a una rueda de prensa el próximo miércoles 11 de septiembre donde exigen ser escuchados.
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El evento que lleva por nombre "Primer encuentro estatal de organizaciones de la sociedad civil en defensa del Fidesseg" también contará con la presencia de empresarios, FE Guanajuato y Actuando por Guanajuato.
De acuerdo a lo señalado por Mayra Legaspi, presidenta del OCL, este llamado del gobernador no tuvo eco en los diputados. Pese a que el PAN es mayoría en el Congreso y fue esta bancada la que propuso la desaparición del Fidesseg, a una semana de cerrar la legislatura no han mostrado interés.
"Para nosotros lo importante es que Diego mantenga su promesa de mantener el Fidesseg. E igual de importante entregar a la gobernadora electa una propuesta con las mejoras que desde nuestra experiencia podemos puntualizar (…) Nosotros somos quienes integramos proyectos y conocemos las áreas de oportunidad", señaló Mayra.
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Fue en sesión de pleno celebrada el pasado 27 de junio del 2024 que a nombre del PAN el diputado Miguel Salim, quien ahora se encuentra desempeñándose como diputado federal en el Congreso de la Unión, presentó un exhorto al gobernador para desaparecer el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (Fidesseg) y que el remanente de 1 mil 506 millones de pesos que administraba, pasará a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Desde el inicio, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se manifestó en contra de la desaparición al afectar directamente a las organizaciones de la sociedad civil y pidió que si había presunción o señalamientos de corrupción en el uso del recurso, se investigara pero no se desapareciera.