La estación migratoria de Puebla-Tlaxcala del Instituto Nacional de Migración (INM) requiere de cambios estructurales ante el “infierno” que viven las personas indocumentadas que son detenidas en su paso por territorio mexicano.
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De acuerdo con el análisis “Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala”, realizado por investigadores del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, las personas y familias en movilidad internacional son blanco de diversos abusos y violaciones de sus derechos.
“Se trata principalmente de personas extranjeras que han sido privadas de su libertad en celdas, oficinas, archivos, estaciones, estancias, estacionamientos, vehículos u otros espacios e instalaciones a cargo del INM; personas que son incomunicadas, violentadas física y verbalmente, o bien que son víctimas de faltas al debido proceso durante su aprehensión y privación de la libertad”, detalla el análisis.
En todos los casos de detenciones migratoria, llamadas “presentación y alojamiento” en lenguaje del INM, se detentan casos de violencia, y falta orientación jurídica, detalla el análisis; además, se identificó que las personas migrantes detenidas por INM están recluidas en contra de su voluntad y hacinadas en espacios precarios, insalubres o de alto riesgo de contagio al covid-19, que pueden ser considerados también como entornos torturantes en donde diariamente se vulneran sus derechos humanos y su dignidad como personas.
Ante la situación de las estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, cuyas funciones serán suspendidas por el INAM, hasta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluya su visita de supervisión a todas las instalaciones y presente el informe correspondientes, el equipo de investigadores de la Ibero Puebla propone actuar en concordancia al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que en su objetivo número 13 señala que la detención de migrantes debe ser utilizada como último recurso y se deben buscar otras alternativas, aunque las autoridades eviten llamarle “detención”.
Al mismo tiempo, la Ibero Puebla llama a cumplir con la liberación de personas solicitantes de la condición de refugiado de acuerdo a lo establecido por el Programa de Salidas de Estaciones Migratorias (SEM) y garantizar el respeto al debido proceso y los derechos humanos en materia migratoria.
Ante el panorama, la Ibero Puebla, en el estudio, llama a evitar las detenciones realizadas por las autoridades que no están facultadas para ello, como policías municipales o estatales, y en caso de que así suceda, iniciar el proceso de investigación necesario en pro del principio de inocencia. De comprobar la participación de autoridades no facultadas por la Ley Migratoria se debe establecer la sanción correspondiente.
De la misma forma, la institución que forma parte del Sistema Universitario Jesuita destaca la importancia de evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades involucradas en detenciones; y evitar la arbitrariedad con la que se llevan a cabo las acciones de control y la verificación migratoria.
“No hacer uso de perfiles raciales para la identificación de personas extranjeras y contar con protocolos en los operativos y verificaciones migratorias apegados a los derechos humanos, en particular a partir del principio de no discriminación”, destaca el estudio.
CHM