Las agresiones, violaciones a derechos humanos, robos e incluso asesinatos contra migrantes que pasan por México en su camino a Estados Unidos están impunes, demandaron activistas, quienes continúan acompañando a este sector para interponer denuncias ante los Ministerios Públicos.
La respuesta de las autoridades, según el informe anual de La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes 2020, ha sido la misma que la de años anteriores, prevaleciendo la falta de acceso a la justicia.
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El informe dado a conocer hoy apunta que “prácticamente ninguna carpeta de investigación se llevó a juicio” y no hubo sentencias condenatorias, a pesar de que algunos grupos criminales están perfectamente identificados en este tipo de violaciones a los derechos humanos.
El documento señala que “el reforzamiento de las fronteras con la Guardia Nacional, el sentimiento xenófobo, y las políticas internacionales que priorizan la seguridad económica por encima de los derechos humanos, han generado una resistencia de los pobres por alcanzar una vida más digna”.
La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes se localiza en el municipio de Tenosique, Tabasco, y se trata de una organización que busca ayudar a los migrantes. Con su informe, busca enumerar y visibilizar los obstáculos que los migrantes centroamericanos han encontrado en su recorrido hacia Estados Unidos.
Entre las demandas se encuentra la interrupción del servicio del tren de carga, también conocido como La Bestia, situación que “trajo serios problemas de comunicación y transporte para nuestros hermanos migrantes, quienes ahora tienen que hacer la ruta a pie y exponerse más a todos los riesgos del camino”.
Pese a la llegada de la pandemia del covid-19 el año pasado, el flujo migratorio no se detuvo, sino que sólo se vio disminuido. En marzo de 2020, Guatemala anunció el cierre de su frontera con México y se pudo observar un aumento en las llegadas de migrantes y refugiados en la frontera nacional.
Fue cuando La 72 entró en un período de cuarentena, “durante el cual nadie podía salir del albergue, salvo por justa causa o fuerza mayor. El flujo migratorio se detuvo casi por completo: menos de 15 personas llegaron en las últimas dos semanas de marzo y en su mayoría eran migrantes centroamericanos en un viaje hacia el sur, regresando a casa desde el centro y norte de México”.
Entre marzo y junio del 2020, la pandemia “redujo el flujo migratorio a un goteo”, aunque para julio volvió a aumentar, principalmente desde Honduras, uno de los países más afectados económica y políticamente.
Sin embargo, para septiembre del año pasado “iniciamos una reapertura modificada, una modalidad semi abierta, con capacidad limitada en cuanto al flujo de migrantes por la casa”.
La capacidad de ese espacio se redujo a 150 migrantes, por lo que decenas de personas tuvieron que esperar afuera de la casa, esperando un lugar, recibiendo alimentos y lugar para dormir en una capilla.
“A finales de noviembre de 2020, La 72 volvió a cerrar sus puertas al detectarse dos casos positivos de covid-19”, aunque una vez superada esta alarma, reanudaron su servicio en enero del año en curso.
La población migrante y refugiados “se encuentran recorriendo un mundo hostil, que nos está llevando a vivir emergencias humanitarias en la salud, en la política, en la economía social”. La situación de violencia que vive la población en países como Honduras, El Salvador o Guatemala “ha desencadenado un éxodo masivo” de personas.
Incluso, con la llegada del covid-19, “continuó el recrudecimiento de la crisis de desplazamiento forzado y de refugio en Centroamérica”. Por ello, resurgieron focos de violencia estructural, social y política, el narcotráfico y la corrupción; forzando a “miles y miles de personas a huir y cruzar fronteras para salvar sus vidas”.
“La gran mayoría de estas personas continuaron desplazándose por la frontera sur de México, buscando protección de refugio en las ciudades capitales del norte del país, las cuales sirven para llegar a los Estados Unidos”, reza el informe.
LP