El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por el impuesto que se aplicará a las aplicaciones de servicios en la capital, tras la aprobación del Presupuesto Económico 2022.
El grupo parlamentario aseguraron que contrario a los que afirman los diputados de Morena, sobre que la medida no es un impuesto, ésta "implica una inconstitucionalidad".
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El coordinador de la bancada, Christian Von Roehrich, detalló que los nuevos impuestos, sobretodo, aquel referente al dos por ciento en el cobro de aplicaciones electrónicas por servicios de entrega a domicilio, implica una inconstitucionalidad "porque viola los principios básicos de todos los impuestos establecidos como el de proporcionalidad, el de no discriminación y el de equidad".
"Este impuesto de la 4T, viola algunos otros artículos constitucionales como el cuarto, el primero o el once de la Constitución federal y vemos que, ante tal inconstitucionalidad, buscaremos la acción de inconstitucionalidad por este impuesto y también por el otro respecto al cobro del streaming o del uso de plataformas digitales para espectáculos”, explicó.
Indicó que para que se pueda realizar la acción de inconstitucionalidad, deberán juntar 22 firmas, por lo que exhortó a los demás grupos parlamentarios de oposición que firmen, para presentar la acción ante la SCJN.
“Para que podamos acceder a la realización de una acción de inconstitucionalidad, necesitamos al menos 22 firmas, el PAN cuenta con 17 aseguradas, pero necesitamos de 5 más de la oposición, para que nuestro escrito de demanda de acción de inconstitucionalidad pueda ser presentado ante la Corte”, señaló.
Añadió que van a poner a consideración de empresarios y ciudadanos, un formato de amparo para que, de forma particular, los ciudadanos puedan acudir a los tribunales y en todo caso “ tumbar estos impuestos inconstitucionales".
"Así, estaremos presentando dos vías para defensa jurídica de los ciudadanos, de los capitalinos”, afirmó.
Mencionó que, esta imposición es inconstitucional en virtud de que:
- Desnaturaliza la figura de los aprovechamientos, pues habla de la utilización de la infraestructura de la Ciudad de México, sin embargo, no existen funciones de derecho público o explotación de bienes del dominio público que requieran su utilización y respalden la imposición.
- Es violatorio del principio de proporcionalidad, pues la base es el cobro total por cada entrega -antes de impuestos- sin que ello represente una fuente de riqueza real para estas plataformas. Desconoce el modelo de negocio y que el ingreso recibido por estas empresas no atiende al cobro total al consumidor final.
- Es violatorio del principio de equidad al imponerles este aprovechamiento a empresas y conductores que funcionan a través de herramientas digitales y no a otro tipo de empresas convencionales de servicios de mensajería o entrega, que prestan exactamente el mismo.
- El efecto disuasorio que tiene este aprovechamiento sobre una de las actividades económicas más importantes para la crisis derivada de la pandemia por el covid 19 -uno de los mecanismos que ayudaron a seguir las medidas de aislamiento y en el que los capitalinos encontraron una alternativa para generar ingresos y subsistir- restringe de manera injustificada el libre ejercicio del comercio.
FLC