Pese a que la Norma Estatal Ambiental –que estuvo vigente por casi un año– obligaba a las pedreras a entregar estudios perimetrales de emisiones contaminantes cada tres meses a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (Sedesu), esta información no fue proporcionada a la autoridad.
Mediante una solicitud de información vía Transparencia presentada por el colectivo Únete Pueblo, la autoridad confirmó que dentro de sus archivos no contaban con dichos muestreos y estudios perimetrales, pese a que la norma estuvo vigente desde el 19 de octubre de 2016 hasta septiembre de 2017.
Posteriormente, al publicarse las reformas a la Ley Ambiental del Estado en septiembre de 2017 quedó derogada la Norma Estatal Ambiental, pero se incluyeron nuevas obligaciones para las pedreras, que tampoco se han concretado.
Por ejemplo, en el artículo 126 Bis 2 se menciona la obligación de integrar un inventario de emisiones ante la Secretaría a más tardar en abril pasado, aunque esta información aún no está disponible en la página de la Sedesu.
Durante el Segundo Informe de Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón se presumió la disminución de la contaminación generada por las pedreras, de un 33 por ciento a un 3 por ciento; sin embargo, al cuestionar a la Sedesu sobre el método que utilizaron para medir la disminución, a falta de los estudios perimetrales, contestaron que tomaron como referencia el Método 9 de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la EPA, el Método 9 se efectúa a través de un examen visual de la opacidad producida por los polvos en el ambiente y es realizado por observadores calificados en el tema.
Como parte de los nuevos compromisos adquiridos en la Ley y acciones anunciadas por el Gobierno del Estado en el Segundo Informe, las extractoras de caliza tuvieron que adquirir equipo y modificar sus procesos para mitigar las emisiones.
La ONG solicitó información sobre cuáles fueron las empresas extractoras que compraron maquinaria, equipos de monitoreo de parámetros meteorológicos, cámaras, así como un informe regularización al que supuestamente se cometieron 30 pedreras.
La Secretaría no brindó información sobre este punto pues dieron de baja al director del departamento jurídico, Germán Flores Alanís, y el ahora encargado, Érick Cabrera, se escudó en el proceso de entrega-recepción para pedirles que hicieran nuevamente la solicitud.