Con el propósito de garantizar la continuidad de las funciones esenciales en las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum autorizó la utilización de “medios remotos tecnológicos” como medios oficiales de comunicación.
Lo anterior, tiene como propósito prevenir la propagación y contagio del covid-19, que afecta a la capital y al país.
Esto aplica para dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración pública y alcaldías.
Por ello, a partir de hoy, todas las convocatorias y celebraciones de sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos colegiados serán válidas si se realizan a través de videoconferencias o llamadas, siempre y cuando, “exista la imposibilidad o inconveniente de realizar las referidas sesiones de manera personal”.
“Se entenderán como medios remotos tecnológicos de comunicación los dispositivos tecnológicos para efectuar la transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías satelitales y similares”, señaló.
Estos medios deberán garantizar la participación simultánea de todos los integrantes del órgano colegiado en cuestión, y en la que sea posible el planteamiento, análisis, discusión y en su caso decisión o aprobación de los asuntos sometidos a su consideración, por medio de la voz o mediante voz e imagen, “debiendo generar convicción sobre la identidad y la participación remota de los integrantes”.
Asimismo, los integrantes deberán contarse con la confirmación de los integrantes o invitados de haber recibido la convocatoria, orden del día y la documentación relativa de los puntos a tratar, así como la manifestación de que cuentan con acceso al medio tecnológico para su correcta participación
A través de la gaceta oficial, Sheinbaum Pardo puntualizó que las comunicaciones por correo electrónico institucional serán consideradas comunicaciones oficiales y tendrán validez jurídica.
Por lo que, dijo que las personas servidoras públicas usuarias de cualquier tipo de correo electrónico institucional “se encuentran obligadas a organizar y conservar los correos electrónicos que deriven del ejercicio de sus facultades para garantizar el acceso y disponibilidad de la información”.
“Será estricta responsabilidad de los usuarios el correcto uso de la cuenta de correo electrónico institucional, a modo que el uso de la misma responda al interés público”, concluyó.