En Puebla siete de cada diez trabajadores laboran en condiciones de informalidad, es decir, carecen de seguridad social, prestaciones, un contrato escrito, vacaciones, préstamos para adquirir una vivienda y bajos salarios, que los hacen vulnerables ante la contingencia por el coronavirus.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), Puebla es el quinto mercado más grande del país con 2.9 millones de personas ocupadas de las que, 2 millones 61 mil trabajan en la informalidad, que representan el 71.6 por ciento.
La mayor parte de personas que trabaja sin prestaciones se encuentra en sectores como el agropecuario, servicios, construcción, comercio y el de manufactura, los cuales, resienten el impacto de la contingencia generada por la pandemia al interrumpirse la actividad productiva.
Según la encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con datos al cuarto trimestre de 2019, casi 2 millones 273 mil personas ocupadas declararon no tener acceso a servicios de salud, de las que 61 por ciento eran hombres y 39 por ciento, mujeres.
De acuerdo con la condición de ocupación, un millón 266 mil personas trabajaban en micronegocios y cerca de 358 mil lo hacían en pequeños establecimientos, mismos que en los últimos días reportan pérdidas por bajas ventas ante las medidas que se toman por la contingencia.
A lo anterior se agrega que el 31.3 por ciento de los ocupados, casi 900 mil personas, laboraba en el sector informal, es decir, que trabajaron para una unidad económica sin constituirse como empresa, como es el caso de vendedores ambulantes u operadores de unidades de transporte, que viven con lo que ganan al día.
La situación generada por la pandemia del coronavirus, con el cierre de negocios y el paro de actividades productivas, representa una presión para el mercado laboral poblano, toda vez que, según la ENOE, 995 mil 849 personas trabajan sin un contrato escrito que los respalde con el riesgo de recorte de personal o disminución del salario en situaciones de contingencia sanitaria.
Carlos Eduardo Sau Escobar, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) capítulo Puebla, consideró necesario que, tanto el gobierno como el sector productivo trabajen de manera conjunta en la implementación de acciones para fortalecer la economía y evitar que los trabajadores queden desprotegidos.
Expuso que, en este contexto, los gobiernos podrían aplazar proyectos que no son prioritarios y destinar inversión para proteger a sectores económicos vulnerables.
“Destinar lo que ahorita necesitaba en otros proyectos que no son prioritarios, incentivar trabajos temporales para esas personas que están sin un apoyo, porque dependen del día a día”.
Sobre las medidas que el sector productivo, a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó al gobierno del estado para solventar la emergencia, el presidente del IMEF dijo que no se trata de pedir condonaciones de impuestos, sino alargar periodos de pago para no tener que recurrir a despidos.
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