Doce años después de que el Congreso de Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la interrupción del embarazo resurge como un tema de interés parlamentario en varios estados del país.
Ahora que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es la primera fuerza política en la mayoría de los Congresos estatales, los grupos conservadores y progresistas buscan la oportunidad de aliarse con estas bancadas para colocar sus posturas en la ley.
El conservadurismo fue el primero en ganar terreno, porque los grupos eclesiales aprovecharon las contradicciones internas de Morena sobre el aborto y la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter este tema a consulta.
El 6 de marzo el Congreso de Nuevo León aprobó adicionar un párrafo al artículo 1 de la Constitución local para garantizar el “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
La reforma se sostuvo con los votos de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Encuentro Social y del Trabajo, y parte de la bancada de Morena.
Con Nuevo León suman 20 entidades que promovieron la criminalización del aborto para hacer frente a la despenalización lograda en abril de 2007 en Ciudad de México.
En respuesta el movimiento de mujeres trabaja con las y los legisladores para no retroceder en los derechos sexuales y reproductivos. Este mes el tema se avivó en tres entidades: Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí.
El 12 de marzo el Congreso del Estado de México recibió una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática para despenalizar el aborto. En este caso legisladores de Morena manifestaron su apoyo a la propuesta.
Sin embargo, dos días después, el 14 de marzo, el PAN presentó una contrapuesta a “favor de la vida”. Las iniciativas se debatirán en los próximos días.
En Hidalgo la iniciativa para reconocer la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación fue planteada esta semana por legisladoras del PRD, PES y Morena.
En San Luis Potosí la iniciativa la presentó la diputada Alejandra Valdés Martínez, también perteneciente a la bancada de Morena.
Ambas propuestas fueron presentadas el 21 de marzo en Congresos divididos entre pañuelos verdes, representantes del movimiento “marea verde”, que busca reconocer los derechos de las mujeres, y pañuelo azules, que son quienes dicen “proteger la vida”.
El debate también está polarizado en el Congreso de la Unión, donde pretenden debatir modificaciones a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, lo que marcaría una ruta de reformas para las legislaciones estatales.
En la Cámara de Diputados también hay propuestas relacionadas con la despenalización: de la morenista Lorena Villavicencio Ayala, del morenista Porfirio Muñoz Ledo; de la perredista Verónica Juárez Piña, de Guadalupe Almaguer Pardo y una del grupo parlamentario del PRD, las cuales están en espera de ser estudiadas.
Asimismo, en el Senado hay propuestas a favor. El 2 de octubre de 2018 el PRD presentó una iniciativa para modificar el artículo 1 de la Constitución con la finalidad de garantizar el “derecho al aborto, a una muerte digna y al libre desarrollo de la personalidad”.
Al mismo tiempo hay posturas contrarias como la del senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas, quien el 7 de marzo presentó una iniciativa para reformar el artículo 1 de la Constitución para establecer que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho fundamental estará reconocido, protegido y garantizado por el Estado, a partir del momento de la concepción y hasta la muerte”.
Modificar las leyes para que las mujeres que tienen un aborto no sean encarceladas es una recomendación que desde hace 21 años ha realizado el comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
En 1998 el organismo de Naciones Unidas pidió al Estado mexicano revisar la legislación que penaliza el aborto; en 2006 llamó a armonizar la legislación, federal y estatal, relativa al tema; en 2012 pidió establecer sanciones coherentes al delito y en 2018 recomendó revisar la ley para no impedir el acceso al aborto.