Las organizaciones Transparencia Mexicana y Tojil hicieron un llamado a los poderes legislativos del país a transparentar las comparecencias y sesiones de trabajo que han tenido con funcionarios públicos encargados de la atención al covid-19, pues además de que sólo 12 de 34 congresos han celebrado reuniones de este tipo, la información surgida de estos encuentros no es fácil de ubicar.
Las organizaciones ciudadanas invitaron a los legisladores locales y federales a “utilizar sus facultades constitucionales y legales para mantener una estrecha vigilancia de las decisiones y recursos empleados en la emergencia sanitaria y la recuperación económica”.
En un comunicado, la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC), de Transparencia Mexicana, dio a conocer un informe sobre el cumplimiento de las funciones de vigilancia ante la emergencia sanitaria y la pandemia de los 34 órganos legislativos del país.
En él se identificó que 12 órganos legislativos del país tuvieron al menos una reunión de trabajo o comparecencia con funcionarios de los poderes ejecutivos para informar sobre el uso de los recursos públicos y las acciones emprendidas para hacer frente a las consecuencias sanitarias, económicas y sociales ocasionadas por covid-19.
Los órganos legislativos que han ejercido sus funciones de vigilancia durante la pandemia son el Senado de la República, la Cámara de Diputados y los congresos de Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.
Sin embargo, el estándar para informar sobre esas sesiones varía ampliamente entre los diferentes órganos legislativos.
“Algunos Congresos informan sucintamente a través de un comunicado de prensa, otros a través de videos en canales como Youtube y en muy contados casos está la versión estenográfica de las comparecencias”, explicaron las organizaciones.
“La información pública relativa a las reuniones y comparecencias tampoco es sencilla de ubicar”, añadieron.
En otros casos, la unidad encontró que algunos órganos legislativos del país han emitido declaraciones a medios de comunicación o incluso se ha referido al tema en redes sociales, pero no hay evidencia documental del ejercicio de sus facultades constitucionales y legales para solicitar al poder ejecutivo federal, estatal o local que informe sobre las decisiones tomadas o los recursos utilizados.
“Por la naturaleza del tema, y por tratarse de un mecanismo institucional de vigilancia y acompañamiento de las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, estas reuniones deberían ser de fácil acceso y su contenido debería ser público”, advirtieron.
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