Solamente uno de los 33 órganos de fiscalización superior del país ha iniciado un programa de vigilancia ‘en tiempo real’ de los recursos económicos destinados a atender la emergencia por la epidemia de covid-19 en México, reprochó la organización Transparencia Mexicana.
Se trata de la auditoría del estado de Sonora, conocida como Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Sonora, la cual, a petición del gobierno estatal, inició cuatro auditorías en tiempo real vinculadas a los gastos derivados de la atención al covid-19.
Se trata de auditorías especiales en “tiempo real” a Servicios de Salud de Sonora, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo (DIF).
“En una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales”, destacó la organización en un comunicado.
Transparencia Mexicana lamentó que ni la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización superior a nivel federal, ni las 31 auditorías estatales restantes hayan iniciado programas de vigilancia en tiempo real para dar seguimiento al uso de recursos económicos durante la pandemia.
La organización explicó que en 2016, un grupo de organizaciones civiles, sociales y académicas impulsó una reforma a la Ley de Fiscalización Superior del país mediante la cual se estableció la posibilidad de realizar “auditorías en tiempo real” en circunstancias de emergencia como las que ahora se viven.
Ante ello, a más de dos meses del inicio de la pandemia, “y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales, y que sólo un órgano de fiscalización, el de Sonora, lo haya hecho a petición del Poder Ejecutivo del Estado”, expresó en su comunicado.
Destacó que “la función más importante de los Congresos además de legislar, es la vigilancia del Poder Ejecutivo; siendo responsable de aprobar el presupuesto público, los Congresos son responsables también de su vigilancia”.
La organización añadió que de los 33 órganos con funciones de fiscalización que hay en el país, 24 han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, y 14 de los 33 han suspendido completamente sus actividades.
Con esta información, Transparencia Mexicana dio a conocer que su Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) se sumó a las tareas del mecanismo conocido como #SusanaVigilancia, que, en conjunto con la organización Tojil, da seguimiento a planes, programas, acciones y recursos que los gobiernos estatales y el federal ejecutan en el marco de la epidemia en México.