La Cámara de Diputados mantiene congeladas al menos seis iniciativas de ley para sancionar a quienes fabriquen, porten, trafiquen o cometan un delito con armas “hechizas” o de fabricación artesanal, así como endurecer los castigos por el tráfico ilegal de armas.
Sin embargo, ninguna de las propuestas legislativas considera establecer medidas para impedir la compraventa en plataformas digitales de piezas o artefactos para alterar armas o planos para fabricarlas con impresoras 3D.
MILENIO reveló que una célula del cártel de Sinaloa encabeza un proyecto para fabricar piezas conocidas como glock switch, es decir, un interruptor que permite convertir una pistola semiautomática en una ametralladora.
Dicho interruptor, ilegal para su compra y venta en Estados Unidos y México, se ofrece en plataformas como Mercado Libre y páginas que incluso los distribuyen al mayoreo.
¿Cuáles son las iniciativas en la congeladora?
Entre las iniciativas pendientes de dictaminar en el Palacio de San Lázaro destaca la presentada por la legisladora priista Melissa Vargas para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y castigar a quien fabrique, porte, trafique o cometa algún delito con armas de fabricación artesanal, también llamadas “hechizas” o caseras.
Para el efecto, “se entiende por armas de fuego de fabricación artesanal todos los instrumentos u objetos que en conjunto poseen la aptitud de soportar un ciclo de disparo y es fabricado por materiales de cualquier naturaleza y que imitan o reproduzcan cualquier clase de arma de fuego que se indican en esta ley”.
La diputada morenista María Guadalupe Román propuso a su vez una iniciativa de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para sancionar la comisión de delitos con armas réplica o de juguete al igual que los perpetrados con armas reales, incluso aplicando la prisión preventiva oficiosa.
“El daño psicológico y moral causado a la víctima es el mismo como si se cometiera con un arma de fuego real”, argumentó.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fue más allá y planteó una reforma constitucional para eliminar el derecho a poseer un arma de fuego en casa para defensa propia, estableciendo la competencia exclusiva del Estado “sobre la producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos”.
El objetivo es reducir la proliferación de armas de fuego en los hogares mexicanos y, en consecuencia, disminuir el riesgo de violencia y homicidio.
Los diputados Carlos Puente y Rocío Corona, del PVEM, así como Mario Carrillo, de Morena, presentaron por separado iniciativas de ley para combatir el tráfico ilegal de armas de fuego e incluso enlistar dicha acción como delito grave con prisión preventiva oficiosa.
JLMR