Los diputados de Morena y PVEM identificados con Marcelo Ebrard, presentaron su propuesta de ajustes al Proyecto de Presupuesto 2024 para integrar un fondo destinado a la reconstrucción de Acapulco, tras el impacto del huracán Otis.
Subrayaron que, según los primeros cálculos, se requieren más de 300 mil millones de pesos para reconstruir el puerto, en contraste con los 43 mil millones disponibles en fondos para atender emergencias.
“Tenemos 11 mil millones de pesos en el Fonden, del Ramo 23; por el Seguro de Catástrofes, 5 mil millones; del Fondo Catastrófico, 9 mil millones, y la estimación para 2024 para el Fonden son un poco más de 18 mil millones de pesos, que sumado da 43 mil millones de pesos, lo cual es insuficiente”, precisó el legislador Carol Altamirano.
Por ello, se propondrá la adición de un artículo transitorio al Presupuesto de Egresos donde se defina que un porcentaje de los recursos generados por ingresos petroleros excedentes y de las economías del ejercicio para el fondo de reconstrucción.
En su turno, el diputado Emmanuel Reyes señaló que la propuesta de los representantes de El camino de México busca atender temas muy importantes para el país, como la situación que se vive en Guerrero y que no se debe dejar de lado.
Entre otros puntos, los legisladores del llamado bloque marcelista pidieron corregir el monto asignado al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Ipab), pues, según el informe de la situación económica, las finanzas y la deuda pública del segundo trimestre de 2023, se identificó un subejercicio de 9 mil 923 millones de pesos y lo responsable es reasignar ese mismo monto para 2024.
Llamaron asimismo a verificar “con lupa” el presupuesto del Poder Judicial, porque su crecimiento es de 9.3 por ciento, cuando la inflación estimada es de 4.5 por ciento y los recursos de las salas regionales deben analizarse para evitar “gastos ofensivos”, cuidando que no se afecten los derechos adquiridos por los trabajadores ni la operación del sistema de justicia.
Solicitaron limitar el gasto no sustantivo del Ramo 20 Bienestar, considerando que se debe fijar el tope de gastos operativos de los programas a un máximo de dos por ciento, pues:
“estos gastos no representan el gasto corriente o de nómina de la Secretaría de Bienestar o de servicios personales pagados asociados al programa”.
“Esto liberaría los recursos para el 2024 por 3 mil millones de pesos, aun sin considerar el riesgo del subejercicio presentado al segundo semestre de 2023 que, de acuerdo con el informe de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del segundo trimestre de 2023 representa un subejercicio de 52 mil 819.5 millones de pesos”, expuso Altamirano.
VJHM