Los diputados federales de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Los priistas Rubén Moreira y Marco Antonio Mendoza informaron que esta acción fue firmada por legisladoras y legisladores del PRI, PAN y PRD, al considerar que es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia generada por la extinción de esos fideicomisos.
Moreira dijo que se trata de recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparece.
En tanto, Mendoza aseguró que se trata de una maniobra para debilitar al Poder Judicial, lo cual será combatido con la acción de inconstitucionalidad presentada.
Los legisladores priistas detallaron que en la acción de inconstitucionalidad se reclama el proceso legislativo llevado a cabo para aprobar el decreto, pues se aprobó en el pleno del Senado un acuerdo por el que se modificó la integración de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, sin que existiera el quórum requerido afectando el derecho a la representación, participación y a la legalidad.
Además de que consideran que en la argumentación se viola el principio de división de Poderes, al limitar la autonomía presupuestaria y técnica del Poder Judicial Federal, poniendo en riesgo la garantía de justicia, mediante la intervención injustificada para regular su propio gasto.
Los diputados también advirtieron que hay fideicomisos que están integrados por aportaciones voluntarias que, al devolverse a la Tesorería de la Federación, “actualizan una confiscación, pues son bienes de los particulares, entonces al no hacer el debido ajuste en la ley para regresarle a los trabajadores sus aportaciones, existe una apropiación de sus recursos, sin recibir nada a cambio, convirtiéndose en un castigo a un sector de servidores públicos”.
Y alertaron que de no considerarse inconstitucional “se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos, ocasionando con ello daños irreversibles para las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación”, destacaron en el documento.
EHR