La elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular, la eliminación de diputados y senadores plurinominales, así como la extinción de organismos autónomos como INAI, Cofece, IFT y CRE, son algunas de las reformas constitucionales que los próximos legisladores de Morena y aliados pueden aprobar con su virtual mayoría calificada de dos terceras partes obtenida en las elecciones del 2 de junio.
Destaca también la iniciativa presidencial para reconocer a la Guardia Nacional como fuerza armada permanente del Estado, integrada por personal “de origen militar con formación policial”, y trasladar su adscripción de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa.
Entre las reformas pendientes, frenadas hasta hoy por la oposición en el Congreso, se encuentra igualmente el proyecto para devolver a la CFE el carácter de empresa pública, en lugar de “empresa productiva” del Estado, y darle prevalencia sobre los privados, prohibiendo los contratos del Estado con particulares en el sector eléctrico.
De acuerdo con el conteo rápido que el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la medianoche del domingo, Morena, PVEM y PT sumarán entre 346 y 380 curules en la Cámara de Diputados, superando el mínimo de 334 votos para aprobar cualquier reforma constitucional, mientras que en el Senado de la República tendrán entre 76 y 88 escaños, rondando los 86 votos equivalentes a dos tercios para concretar el llamado plan C.
De confirmarse esos números en el cómputo oficial y librar eventuales impugnaciones a los resultados distritales, las nuevas bancadas de la autodenominada cuarta transformación tendrán allanado el camino para aprobar sin un solo voto opositor el paquete de 20 iniciativas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.
En tal escenario, morenistas, verdes y petistas prevén discutir y votar dichos proyectos en septiembre, último mes de mandato de López Obrador, y una vez que diputados y senadores electos rindan protesta y asuman sus cargos.
En su conferencia mañanera, el Presidente anunció que buscará a la virtual ganadora de la de elección, Claudia Sheinbaum, para conversar sobre el plan C, pero sostuvo que la reforma al Poder Judicial será prioridad.
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Además de prever la elección de magistrados, ministros y jueces por voto popular entre candidatos propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dicho proyecto plantea la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación en su lugar de un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo y desvinculado de la Suprema Corte, con facultades para recibir denuncias, investigar conductas ilícitas y sancionar a los juzgadores.
Establece que los actuales ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la Judicatura y magistrados del Tribunal Electoral concluirán su encargo al momento de tomar protesta los juzgadores electos, quienes en ningún caso tendrán una remuneración superior a la del Presidente de la República.
La otra reforma prioritaria para López Obrador y Morena es la electoral, cuya iniciativa enviada a la Cámara de Diputados propone la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) para sustituirlo con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad única en la materia, absorbiendo las funciones de los órganos públicos electorales locales.
Perfila la eliminación de los 200 diputados y 32 senadores plurinominales o de representación proporcional, así como de los 32 senadores de primera minoría en las entidades federativas, dejando así a la Cámara de Diputados con solo 300 legisladores de mayoría relativa y al Senado de la República con 64 integrantes electos bajo ese mismo principio.
Se considera además reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos nacionales y regular las aportaciones privadas a esas instituciones.
Según la iniciativa de reformas constitucionales, los consejeros del nuevo INEC y los magistrados del Tribunal Electoral serán electos por voto popular, a partir de las candidaturas propuestas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
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