Funcionarios de Guanajuato capital incurrieron en violencia política en contra de la regidora morenista; Estefanía Porras. Así lo determinó el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato quien encontró que hubo un actuar sistemático y reiterado al negarle información, el cual no solo afectó los derechos político-electorales de la regidora, sino que también menoscabaron su dignidad como persona.
Si bien, la queja también incluía al presidente municipal, Alejandro Navarro, por un presunto comportamiento "pasivo" al ser de su conocimiento las omisiones de dichas autoridades y dejarlas pasar. Esto se descartó por el Tribunal.
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Dentro del expediente TEEG-PES-49/2023, quedó plasmada la denuncia que se presentó en contra del presidente municipal, Alejandro Navarro Saldaña, la secretaria del ayuntamiento que fungía en ese momento, Martha Isabel Delgado Zárate, de la tesorera Irma Mandujano García y el titular de la Dirección de la Función Edilicia, Alexander Medina, todos ellos habrían incurrido en esta violencia política.
Aunque de manera inicial, la denuncia de la regidora fue por violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral señaló que no se acreditó que las acciones hayan sido en razón de género, porque si bien las conductas desplegadas por el alcalde, la secretaria, la tesorera y el titular en mención constituyeron una obstaculización al cargo de la denunciante, no obedecieron a su condición de mujer.
No obstante quedó en claro que al momento de atender sus solicitudes de información, incurrieron en omisiones, demora, respuestas incompletas y negativa injustificada para entregarla, estas las conductas del funcionariado revelaron un actuar sistemático.
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Finalmente y ante la imposibilidad de sancionar al alcalde y funcionarios por la ausencia en la normativa electoral que lo contemple como una infracción, el Tribunal decretó imponerles medidas de reparación integral del daño; para garantizarle el derecho a una tutela judicial completa y efectiva.
Adicionalmente, en cuanto quede firme la sanción, el Tribunal ordenó dar vista a la LXV Legislatura del Congreso de Guanajuato a efecto de que en ejercicio de su libertad de configuración legislativa y de acuerdo con su agenda, armonice las disposiciones necesarias a fin de que se incluya como infracción.