La diputada federal de Morena, Olivia Esquivel Nava, presentó una iniciativa para sancionar con tres y hasta 12 años de prisión a quien venda litros incompletos de gasolina, luego de que se han detectado estaciones que incluso utilizan dispositivos para engañar a los consumidores.
Por conducto de la legisladora María Magdalena Esquivel, la fracción morenista propuso para ello reformas al Código Penal Federal con el fin tipificar dicha práctica como fraude.
Ante el Pleno, la diputada argumentó que se ha hallado evidencia de que algunas gasolineras utilizan un software, el cual permite que la máquina despachadora indique la cantidad solicitada por el consumidor y en realidad entregar menor combustible.
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"Está documentado que tales establecimientos hacen uso de nuevas herramientas, técnicas y tecnologías que les permite engañar a la ciudadanía consumidora, con la practica de no expedir litros de a litro.
"Se encontrado evidencia de que actualmente usan una pieza de software conocida como 'rastrillo', con la que se puede alterar el volumen entregado, es decir, las maquinas expendedoras señalarán un litro, pero entregarán cantidades inferiores", dijo.
Detalló que la iniciativa busca reformar el artículo 11 Bis y adicionar un artículo 389 Ter al Código Penal Federal, para catalogar como fraude la entrega de litros incompletos de gasolina en las estaciones.
Esquivel precisó que la iniciativa no tiene el objetivo de sancionar a las personas que trabajan como despachadoras de las bombas de servicio, sino a las encargadas de la administración, mantenimiento e instalación, tanto de las bombas despachadoras como de los artefactos o programas con que se alteran las cantidades.
Además del tiempo en prisión, los concesionarios, permisionarios, administradores o personal de gasolineras o gaseras, que vendan litros incompletos de combustibles carburantes, también se deberán pagar una multa económica de hasta de 120 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 11 mil 546 pesos.
“Por ello, resulta indispensable que se tipifique esta conducta como delictiva en el entendido de que la integración de carpetas de investigación corresponderá a la competencia de la fiscalía y los órganos jurisdiccionales en caso de judicializarse. Es decir, la propuesta no es para otorgarle facultades a la Procuraduría Federal del Consumidor, sino para tipificar como fraude esta conducta”, indicó la diputada federal.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia, para su discusión y posible aprobación.
FLC