El gobierno de México, en coordinación con los gobiernos estatales, habilitó para consulta y seguimiento mensual los datos de víctimas de 79 distintos tipos de delitos del fuero común en el país, tanto a nivel estatal como municipal, lo que representa la mayor evolución de los datos oficiales de incidencia delictiva de la última década.
Hasta el cierre del año pasado sólo podían consultarse las víctimas de quince tipos de delitos, según la investigación hecha por MILENIO.
A su vez, se puso en marcha un sistema de monitoreo y verificación interna de las cifras de delitos y víctimas que las fiscalías aportan, lo que permitirá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) detectar discrepancias en los datos y, en caso de que haya una manipulación dolosa, impulsar sanciones y denuncias que podrían incluso derivar en penas de cárcel para los funcionarios que resulten responsables.
En entrevista con MILENIO, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, explicó que esas acciones se han materializado a partir de este año tras la puesta en marcha del Registro Nacional de Incidencia Delictiva (RNID), cuyos lineamientos fueron aprobados en diciembre pasado.
“Que esto (el registro) esté en ley es muy importante porque incluye responsabilidades a quien no envíe los datos o para quien los modifique. Responsabilidades administrativas o penales de acuerdo al caso (…) Por tratarse ahora de un registro nacional y una ley general le tocaría investigarlo a la federación y nos tocaría a nosotros dar vista (a la FGR) cuando eso ocurra”, explicó.
El artículo 145 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece hasta 8 años de prisión a quien ingrese información errónea.
El RNID retoma los instrumentos que ya se conocían de publicación de cifras mensuales de incidencia delictiva y, sin cambiar la metodología que ya existía, la mejora y profundiza con la finalidad de fortalecer el seguimiento de diversas conductas delictivas y generar más insumos, pero también con el objetivo de transparentar más datos y fiscalizarlos mejor.
“En los últimos años surgieron cuestionamientos en medios, en organizaciones de la sociedad civil y en la academia sobre la falta de desagregación de varios rubros que nos parecieron válidos y necesario mejorarlos. Es imposible tener una clasificación para todo porque tenemos 32 códigos penales estatales distintos y siempre habrá que tener un rubro de otros delitos, pero estamos avanzando para tener una mayor claridad”, dijo la funcionaria.
Figueroa descartó que en el caso específico de los homicidios se haya detectado un subregistro o un ocultamiento de datos de forma generalizada, como se ha sugerido en algunas instancias, pues sostuvo que es una cifra que ha tenido un seguimiento y fortalecimiento importante con el paso de los años y donde además hay mediciones paralelas con metodologías distintas como la de INEGI.
“Además tenemos un monitoreo a través de las oficinas regionales del Centro Nacional de Inteligencia, que revisan cuántos homicidios hubo y lo contrastan con lo que la fiscalía reporta. Si vemos algo en medios que no está contabilizado, hablamos ese mismo día con el fiscal para preguntar qué está sucediendo. Es una verificación que ocurre cada día y cada semana. Tenemos muchas formas de vigilancia sobre el tema de homicidios”, explicó.
Sin embargo, había conductas delictivas que estaban invisibilizadas dentro de grupos generales de delitos y a los que ahora se podrá dar seguimiento, como las tentativas de feminicidio y homicidio doloso. A su vez, la funcionaria dijo que se trabaja para que, próximamente, puedan transparentarse también otros delitos de tipificación más reciente, como los de omisiones de cuidados.
“Había ilícitos que en muchos lugares no estaban tipificados, como los de omisión de cuidado, que en los últimos años se han ido tipificando en los códigos penales estatales. Ese era un delito que estaba dentro del grupo de otros, pero como ha crecido es relevante comenzar a visibilizar en dónde estamos”, explicó.
La nueva estadística
A partir de febrero pasado, el SESNSP comenzó con la publicación de las cifras de incidencia delictiva en su portal bajo un nuevo apartado denominado Incidencia Delictiva metodología 2026. Ello no desaparece los registros previos, que aún pueden consultarse, al igual que los de todos los años anteriores.
Figueroa recalcó que no hay un cambio de metodología, sino una mejora de la que se aplica en 2026 al ampliar la desagregación de varios delitos, por lo que todas las series se podrán seguir comparando con años previos.
El mayor cambio, como MILENIO pudo verificar, es en las estadísticas de víctimas registradas en todas las carpetas de investigación que se inician. Hasta el cierre de 2025, en este apartado sólo podían consultarse las víctimas de 15 distintos tipos de delitos que eran los considerados de mayor impacto.
Pero ahora los datos de víctimas pueden consultarse para 79 delitos distintos. Ya es posible, por ejemplo, consultar la cifra de víctimas de 16 distintos tipos de robo, de cuatro distintos tipos de trata, de tres distintos tipos de secuestro y de dos distintos tipos de extorsión. También es posible ahora conocer y dar seguimiento mensual a las víctimas de delitos de violencia familiar, o de víctimas de delitos financieros o electorales.
Debido a la heterogeneidad de los códigos penales entre estados, se mantienen categorías como la de “otros delitos contra la vida y la integridad personal”, pero ahora la cantidad de víctimas que entran en ese grupo ha disminuido.
La razón, como explica Figueroa, es el trabajo que se ha hecho para extraer y categorizar de ese cúmulo a las víctimas de conductas delictivas que sí pueden categorizarse de forma clara.
Gracias a ello, por ejemplo, ahora es posible conocer el número de víctimas tanto de tentativas de homicidio doloso como de tentativas de feminicidio, lo cual no era posible hasta el año pasado. Ello no impide, explicaron los funcionarios del SESNSP, que se puedan hacer comparaciones con años anteriores, pues basta sumar la cifra de dichas tentativas más las de otros delitos contra la vida para tener el total con el que se contaba antes y compararlo con el pasado.
MILENIO hizo el ejercicio e identificó que las fiscalías del país reportaron en enero 36 víctimas de feminicidio, 149 víctimas de homicidio doloso y 779 víctimas de otros delitos contra la vida. Si todas ellas se suman, el total es de 964 víctimas, que es una cifra casi idéntica a la de enero de 2025 en el mismo rubro.
El objetivo, dijo Figueroa, es ir reduciendo aún la cifra de las víctimas que quedan en el grupo de “otros delitos” y categorizarlas. El próximo paso, adelantó a MILENIO, será extraer y clasificar de ese grupo las víctimas del delito de omisiones de cuidado, que tras su tipificación ha venido en crecimiento y explicaría, en parte, el alza de estas categorías.
“Este delito de omisión de auxilio o cuidado se ha ido tipificando mucho últimamente para proteger a adultos mayores o personas enfermas. Próximamente vamos a desagregar ese también para que la categoría sea más transparente. También hay cosas como inducción al suicidio, que son muy poquitos casos pero también se incluyen en ese grupo. La clave es que la metodología siga evolucionando con las necesidades y no se quede estática otros 10 años”, indicó.
Otra innovación importante es que ahora es posible consultar con este mismo número de detalle las cifras de víctimas de delitos a nivel municipal, lo que permitirá contar con el seguimiento público y mensual de estos ilícitos, pero ahora también a nivel ciudades o localidades.
La secretaria del Sistema Nacional insistió en que la revisión y actualización de la metodología con que se captura esta incidencia delictiva es un trabajo continuo, y el objetivo será ahora no tener que esperar diez años para incorporar nuevos ajustes que permitan incrementar la calidad de la estadística.
Sanciones para quien haga trampa
El que las cifras de incidencia delictiva se hayan convertido en un Registro Nacional al amparo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública le permitirá a las autoridades federales investigar y, en su caso, establecer sanciones administrativas y penales para quien sea omiso o haga trampa en la publicación de datos.
Por ejemplo, se sancionará con penas de uno a cuatro años de prisión a quien reiteradamente se abstenga de proporcionar los datos de incidencia delictiva. Ello a la par de la inhabilitación del funcionario. Y también se establecen sanciones de dos a ocho años de prisión a quien ingrese datos erróneos o alterados al sistema.
Para poder monitorear y detectar las conductas anómalas, Figueroa explicó que en los últimos años se trabajó en modernizar la forma en cómo las fiscalías enviaban los datos y ahora se cuenta con un mecanismo único para cargar la información. Ello, agrega, permite ahora supervisar en mucha mayor medida los datos.
“En los últimos diez años recibíamos la información de los estados incluso por correo electrónico, lo que siempre tiene margen de error humano. Lo que hicimos fue incorporar un sistema para que las fiscalías carguen su información y el sistema haga automáticamente un primer cruce de validación (…) incluimos nuevas variables para identificar errores, como delitos que vienen de un código penal local y se tienen que trasladar a la metodología nacional”, explicó Figueroa.
En ese contexto, cuando se detecten errores o anomalías, se podría estudiar el caso a detalle y, más allá de las correcciones, en caso de que se sospeche de una actitud anómala de una funcionaria, podrán iniciarse las investigaciones internas o incluso presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República.