La Ley General de Aguas suma 10 años pendiente de aprobarse, por lo que México debe tomar acciones de forma urgente para evitar una crisis hídrica en los próximos años y décadas, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“En México este tema es particularmente relevante, dado que al día de hoy 12 millones de mexicanos carecen de acceso a agua potable. Al mismo tiempo, las sequías se han intensificado durante la última década y la sobreexplotación de los acuíferos se ha incrementado en 15 por ciento”, señaló el IMCO, en el contexto de este 22 de marzo en qué se conmemora el Día Mundial del Agua, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para concientizar sobre la crisis de agua y saneamiento, y la importancia de las medidas para combatirla.
La organización recordó que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso al agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo 4. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas a implementar a partir de la reforma constitucional, reemplazando así la Ley de Aguas Nacionales de 1992, pero ha pasado una década y la ley no ha sido aprobado.
Por ello, destacó que el primer eslabón es modernizar la legislación para adaptarla a la nueva realidad, donde se modernicen las concesiones, su monitoreo y vigilancia, así como las necesidades presupuestales y mecanismos de financiamiento para la infraestructura hídrica.
¿Por qué es tan relevante renovar la legislación?
De acuerdo con el IMCO, la discusión sobre la nueva Ley de Aguas debe abordar algunas problemáticas urgentes para una mejor gestión del recurso, entre ellos la falta de actualización de las disposiciones para otorgar títulos de concesión.
Explica que en una concesión para la explotación de recursos hídricos tiene una vigencia de cinco a 30 años, pero no se tiene un proceso transparente que permita cederla a un tercero en caso de que el usuario original ya no requiera utilizarla.
"Esto promueve malas prácticas entre los usuarios, como hacer uso de un volumen mayor al concesionado, traspasar el título a otros usuarios sin transparencia, o cambiar el uso sin la actualización de la concesión. Por ejemplo, existen casos que, al momento de obtener la concesión, le daban uso agrícola al agua, pero que hoy en día esa misma concesión se utiliza para alguna otra actividad industrial, comercial o de servicio".
Según el instituto, esta práctica se da porque las concesiones para uso agrícola no están obligadas a pagar por el agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Solo si el volumen extraído supera el estipulado por la concesión que se otorga de acuerdo a las necesidades del usuario, el monto a pagar es de 17 centavos por metro cúbico.
Por su parte, la industria, comercios y servicios pagan entre 23.48 y 35.86 pesos el metro cúbico dependiendo la región.
Otra de las problemáticas urgentes que deben resolverse es el monitoreo deficiente, ya que asegura, los títulos para el aprovechamiento de agua registrados en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no son monitoreados adecuadamente, pues el 97 por ciento no tienen medidor y 93 por ciento de los medidores instalados no han sido verificados, lo cual incentiva el uso desmedido y las tomas clandestinas, por las cuales se llega a perder hasta un 15 por ciento del agua potable en México.
Además, el IMCO destacó que en los últimos cuatro años se redujeron a más de la mitad las visitas que realiza la autoridad para vigilar el correcto empleo del agua. Tan sólo en 2013 se hicieron 10 mil 915 visitas mientras que en 2022 se efectuaron 2 mil 812.
“La gestión del agua es un tema, como cualquiera relacionado con los recursos naturales que posee el país, polémico. La discusión de la nueva Ley no ha sido la excepción. Desde septiembre de 2012 se han presentado 14 iniciativas para la nueva Ley General de Aguas”.
También destaca que a lo largo de la última década, actores de la sociedad civil y de partidos políticos se han opuesto a las distintas iniciativas para la nueva Ley con el argumento de que su objetivo es, en el fondo, la privatización del recurso. Dada la dificultad para llegar a consensos, la discusión está estancada.
Desde 2021, la Comisión de Recursos Hídricos ha buscado revivir el tema con la propuesta para crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hídrica que cumpla los compromisos de inversión hídrica hacia 2030. Se trata de 600 mil millones de pesos necesarios para atender las anomalías de los recursos hídricos en el país.
Aun así, en enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas.
La actual administración, así como distintas bancadas en el Congreso de la Unión, han reiterado que la discusión y eventual aprobación de la Ley es una prioridad para la actual legislatura, sin tomar pasos concretos para lograr ese objetivo.
Así que el IMCO destacó que el Día Mundial del Agua debe servir como un recordatorio de la urgente necesidad de modernizar la gestión del agua en México y hacer efectivo el derecho humano a su acceso.
"Algunas acciones necesarias, desde el ámbito de gestión pública de los recursos naturales, incluyen la evaluación y actualización de la delimitación de cuencas a nivel nacional, utilizando criterios geofísicos en lugar de geopolíticos. Aún más, la administración y el monitoreo efectivos de las concesiones es urgente en todos los sectores. Finalmente, las autoridades deben considerar el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real para identificar las fugas de agua en los sistemas de tuberías".
Asimismo, indicaron que un marco legal y regulatorio más moderno no resolverá por sí solo los retos de la gestión del agua, pero es una condición indispensable para encaminar al país hacia sistemas hídricos más eficientes que garanticen el acceso al agua para todos los mexicanos.
DM