La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, advirtió que las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico representan la “prueba de fuego” para que las instituciones demuestren que México es un país confiable y que el servicio público no es para enriquecerse.
“Es la prueba de fuego de todas las instituciones para demostrar que somos un país confiable, que en México hay políticos honestos, y que, por supuesto, si hay algún político cuya credibilidad está en duda, pues demostrar que el servicio público debe ser para eso, para servir al público, no para enriquecerse o para tener más poder”, dijo.
Hasta que haya pruebas
En entrevista en el Palacio de San Lázaro, la legisladora del PAN coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que, en el caso de Rocha Moya, se debe investigar sin encubrir a nadie, pero sostuvo que si algún servidor público resulta culpable, entonces debe ser castigado.
“Debe investigarse y no se debe encubrir a nadie, y yo comparto esas palabras. Lo digo de la manera más objetiva: si algún político, gobernador o servidor público de México tiene una investigación internacional, debe investigarse de manera objetiva. Y si es culpable, si las pruebas demuestran que es culpable, debe sancionarse”, puntualizó.
Reconoció también la necesidad de que las autoridades presenten las pruebas de las acusaciones en cualquier caso, no solo contra el gobernador del estado de Sinaloa.
No importa de quién estemos hablando, ya sea de un presidente, un gobernador o un ciudadano, siempre se necesitan pruebas. Pero si hay pruebas y hay culpabilidad, debe haber sanciones. “No importa quién sea, no importa qué cargo tenga, no importa de qué partido político sea”, insistió.
La diputada presidenta señaló, además, que cualquier procedimiento de investigación debe ser jurídico, no político, y confió en que en este asunto impere el estado de derecho y no la politiquería, a fin de que “los malos” vayan a la cárcel.
Subrayó que las instituciones federales, estatales y municipales deben hacer valer la ley y, si hay alguien coludido con el crimen organizado desde el servicio público, sea sancionado conforme a derecho.
Si hay un servidor público que esté en un proceso de investigación en México o en Estados Unidos, esos servidores públicos deben enfrentar un proceso, aportándose pruebas, claro, definiéndose en términos de derecho, pero si hay un responsable, debe ser sancionado. “Ya no podemos permitir que haya vínculos de servidores públicos y del crimen organizado”, concluyó.
HCG