El Senado dará prioridad para ratificar la declaratoria remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que se reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país, ocurridas a partir de diciembre del 2010.
Ayer por la noche, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, envió a la Comisión Permanente el documento firmado por el presidente López Obrador, al que hoy se dará entrada y se remitirá al Senado. En él, se informa que, hasta el 31 de diciembre de 2019, el número de desaparecidos en México era de 61 mil 637 personas.
“Ante la magnitud de esta crisis, el gobierno mexicano ha impuesto como prioridad la búsqueda de personas, incluyendo todas aquéllas cuyo paradero se desconoce y se presume están desaparecidas como consecuencia de cualquier delito”, se lee en el documento.
Y es que, por casi una década estuvo en la congeladora la posibilidad de aceptar la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que contempla la atención a las víctimas, como la reparación del daño en diversas modalidades.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo a MILENIO que la Declaratoria será un tema prioritario para ratificarlo los primeros días del periodo ordinario que inicia el próximo 1 de septiembre.
En sus redes sociales, el también coordinador de Morena escribió: “recibimos del Ejecutivo, para aprobación, la declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas”.
El líder de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo que su bancada respaldará la propuesta del Ejecutivo, “la posibilidad de que la ONU participe en todos los casos de desaparición forzada me parece que es un avance substancial, muy importante para el Estado mexicano, le da certidumbre y certeza, transparencia. Nosotros lo vamos a apoyar”.
Comentó que participará activamente para que se demore lo menos posible, “puede ser de los primeros (temas que se aborde en el próximo periodo ordinario), puede ser un trámite expedito, que lleve poco tiempo en su análisis, no creo que haya mayores objeciones”.
Destacó que algunos de los beneficios es que se oficializa la intervención de la ONU en caso de desaparición forzada, sin trastocar facultades del Estado mexicano, sino coadyuva y viene a beneficiar a la transparencia y a la certidumbre”.
Declaratoria
En la declaratoria a la que MILENIO tuvo acceso se lee que “la declaración de reconocimiento coadyuvaría a alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente los relativos al pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos”.
Además, como parte de la atención a víctimas se contempla la restitución, readaptación, satisfacción y las garantías de no repetición, la indemnización rápida, justa y adecuada de las personas afectadas.
Asimismo, el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes para que éstas examinen rápida e imparcialmente la denuncia, así como la protección del denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, contra cualquier maltrato o intimidación derivado de ello.
“Entre los esfuerzos del Estado mexicano para abatir este flagelo, se encuentra la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada el 20 de diciembre de 2006, y vigente para México desde el 23 de diciembre de 2010”, destacó el presidente López Obrador en la declaratoria.
Indica que, como resultado de la evaluación interna llevada a cabo por las instancias nacionales, en que se consideraron las implicaciones técnicas, operativas, prácticas, financieras y políticas, se determinó que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo que será formalizado ante el secretario general de la ONU.
“La declaración de reconocimiento contribuiría al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que en el apartado Política y Gobierno, señala como estrategia específica para asuntos prioritarios y urgentes, la prevención especial de la violencia y el delito, con énfasis en el combate a los crímenes que causan mayor exasperación social, entre ellos la desaparición forzada”, añade.
Precisa que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU se constituyó al amparo de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Para nuestro país, se encuentra vigente desde el 23 de diciembre de 2010, y establece que, de manera urgente analizará casos de desaparición forzada, que le sean notificados.
En el texto se precisa que una vez recibida la comunicación y antes de decidir sobre el fondo, el Comité puede dirigir al Estado, una solicitud para que adopte las medidas cautelares necesarias, con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
El comité está integrado por diez expertos de gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal, y actúan con total imparcialidad.
El Comité examina los informes relativos a las medidas adoptadas por los países para cumplir con la Convención, y formula los comentarios, observaciones o recomendaciones que considera apropiados.
Además, puede examinar de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desaparecida.
LP